Un alto tribunal de Honduras declaró culpable a uno de los autores intelectuales del asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres, un fallo que se suma a las condenas a los autores materiales del hecho, pero se queda corto en hacer rendir cuentas a todos los sospechosos.
Roberto David Castillo Mejía, exagente de inteligencia del ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y exdirector ejecutivo de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue condenado el 5 de julio por su rol en la coordinación del asesinato de Cáceres, como lo anunció la judicatura.
“[Él] ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA en el río Gualcarque”, señaló la fiscalía general en un comunicado de prensa.
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Cáceres y la organización que ella fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se oponían firmemente a la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca administrada por DESA, pues amenazaba a los miembros de la comunidad indígena Lenca que habitaban a lo largo del río Gualcarque, al que consideran sagrado.
El veredicto se pronuncia más de cinco años después de que un escuadrón irrumpiera en la vivienda de Cáceres en La Esperanza, suroeste de Honduras, a comienzos de marzo de 2016, la asesinara y dejara herido al ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió solo porque fingió estar muerto.
Castillo Mejía oirá su sentencia el 3 de agosto, y enfrenta entre 25 y 30 años de prisión. Es la octava persona condenada por el homicidio. En noviembre de 2018, los fiscales declararon culpables de asesinato a siete acusados, y dejaron en libertad a otra persona por falta de evidencias.
Los miembros del COPINH calificaron el veredicto de “victoria popular para el pueblo hondureño”, y agregaron que “las estructuras criminales de poder no lograron corromper el sistema de justicia”.
Análisis de InSight Crime
El reciente veredicto de culpabilidad por el homicidio de Cáceres constituye un avance importante en la búsqueda de la justicia en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra, y cuya tasa de impunidad fue la más alta de Latinoamérica el año anterior, según el Índice Global de Impunidad 2020.
El país centroamericano obtuvo el peor puntaje a “nivel estructural”, específicamente por su sistema de justicia, según el índice. Pocos días antes del veredicto, el equipo legal de Cáceres había expresado preocupación sobre la posible influencia de las fuerzas armadas y el sector económico en el resultado del caso. El veredicto de culpabilidad muestra que las cortes pueden llevar a buen término procesos judiciales de casos de alto perfil en medio de gran presión nacional e internacional.
Aun así, esta justicia sigue siendo parcial. La misma corte pareció reconocerlo, al declarar a Castillo Mejía culpable de ser apenas uno de los coautores del asesinato, lo que puede dejar la puerta abierta para acusar a otros miembros de la élite que puedan haber financiado u ordenado el golpe.
“David Castillo fue una figura clave como enlace entre los autores materiales de la muerte de Cáceres y otros empresarios, oficiales del ejército y funcionarios públicos que también participaron y aún no han sido judicializados”, señaló Annie Bird, directora de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, quien realizó una detallada investigación sobre la impunidad y la corrupción en Honduras.
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En diciembre de 2019, mensajes privados publicados por The Intercept en un reportaje exclusivo revelaron que el escuadrón de sicarios “se comunicaba mediante una cadena compartimentalizada que llegaba a los rangos más altos de la dirección [de DESA]”.
Presente en una de esas conversaciones grupales, con el título "Seguridad PHAZ” o “Seguridad Proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca”, estaban Castillo Mejía y el director financiero de DESA, Daniel Atala Midence. También estaban incluidos los miembros de la junta de DESA José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. La familia Atala Zablah detenta gran influencia en Honduras y tiene estrechos vínculos con el gobierno y el sector financiero del país. Ninguno de esos personajes ha sido detenido o acusado penalmente. Todos ellos niegan participación alguna en el crimen.
"El asesinato de Berta Cáceres hacía parte de una conspiración criminal mucho más grande. [...] Solo una fracción de los crímenes y […] los responsables han sido investigados”, comentó Bird a InSight Crime.
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