El exalcalde de un municipio de Guatemala y su familia han sido acusados de traficar a más de una docena de migrantes, quienes luego fueron masacrados en México, un caso que da cuenta de la sofisticación y el lucrativo negocio del tráfico de migrantes en la frontera entre los dos países.
Ramiro Coronado Pérez, exalcalde de Comitancillo, una ciudad en el oeste de Guatemala, está acusado de liderar la red de tráfico de migrantes junto a su hermano, David Coronado Pérez, candidato a la alcaldía de 2019 en la misma ciudad. El Ministerio Público ha acusado a ambas personas de tráfico de migrantes y obstrucción de la justicia. Los fiscales los han acusado de coordinar el viaje que terminó con la muerte de 15 migrantes guatemaltecos el año pasado. Las autoridades descubrieron a las víctimas el 22 de enero en dos vehículos incinerados en la frontera entre Estados Unidos y México. Habían sido asesinados a tiros y luego sus restos fueron incinerados y abandonados. Una docena de oficiales de una unidad élite de la policía de México han sido acusados de participar en la masacre.
Los fiscales dijeron en un comunicado que David Coronado Pérez reclutó migrantes en conjunto con su hijo, quien supuestamente les sirvió de guía en su desafortunado trayecto hacia el norte. Su hijo también fue asesinado en la masacre.
En una serie de redadas en Comitancillo a fines de enero, las autoridades guatemaltecas arrestaron a 10 presuntos miembros del grupo acusados de tráfico de migrantes, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y otros delitos. Entre los detenidos se encuentran David Coronado Pérez y una de sus hijas, así como dos hijos del exalcalde Ramiro Coronado, quien evadió la captura y desde entonces ha sido declarado prófugo, como afirma el fiscal principal Stuardo Campo.
VEA TAMBIÉN: Policías entrenados por EE.UU. implicados en masacre de migrantes en México
El exalcalde, quien ocupó dicho cargo entre 2012 y 2016, también está acusado de intimidar a familiares de los migrantes asesinados para disuadirlos de colaborar con las autoridades de Guatemala y México. Varios miembros de la familia Coronado continuaron traficando grupos más pequeños de migrantes en los meses posteriores a la masacre, según el Ministerio Público.
Como parte de la investigación, la fiscalía también presentó una solicitud para levantar la inmunidad de una jueza que presuntamente abusó de su autoridad al permitir que dos de los miembros de la red fueran liberados, después de haber sido arrestados en julio de 2021 con 128.000 quetzales (US$16.700) en efectivo. Las autoridades también arrestaron a tres notarios vinculados al grupo, quienes son sospechosos de falsificar documentos que ayudaron a los detenidos a justificar los fondos incautados.
Unos pocos días después de las redadas, el Congreso de Guatemala, como parte de una ofensiva contra el tráfico de personas, aprobó una propuesta para aumentar las sentencias para los traficantes de migrantes, de 10 a 30 años de prisión.
La frontera oeste de Guatemala con México es un importante punto de acceso para el tráfico ilícito de migrantes, y ha servido durante mucho tiempo como el principal punto de salida de los migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
La investigación sobre la red Coronado pone de relieve la amplia capacidad operativa de las familias con conexiones políticas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes en la frontera entre Guatemala y México.
Lejos de ser una banda dispersa de coyotes, la red estaba compuesta por al menos 15 miembros con roles claramente definidos, como reclutadores de migrantes, guías, abogados y blanqueadores de dinero, según el Ministerio Público.
“Nos encontramos ante una estructura criminal bastante fuerte, con vínculos con México y Estados Unidos”, dijo el fiscal principal Campo a InSight Crime.
Parte del poder del grupo lo obtuvieron gracias a su influencia política en Comitancillo, un pueblo remoto en una región donde clanes familiares con fuertes lazos políticos han utilizado durante mucho tiempo sus poderes para facilitar delitos como el narcotráfico.
Los Coronados “no solo mantuvieron el control del municipio [Comitancillo], sino que se han dedicado por muchos años a traficar migrantes”, afirma Campo.
VEA TAMBIÉN: Familias y política se entrelazan en el tráfico de cocaína en Guatemala
El fiscal agrega que los remotos municipios de la frontera occidental con México son particularmente vulnerables a las operaciones de tráfico con vínculos familiares y políticos.
“Hemos visto que sí son redes familiares”, afirma; “ellos buscan cooptar el poder político y de alguna forma el poder judicial para garantizarse la impunidad”.
La investigación del Ministerio Público también apunta a la influencia económica de la red. Según Campo, los fiscales han identificado alrededor de tres millones de quetzales (US$390.000) en fondos sospechosos durante las investigaciones preliminares solamente, basándose en incautaciones de efectivo y transferencias bancarias irregulares.
La red les cobraba a los migrantes entre 95.000 y 120.000 quetzales (entre US$12.400 y 15.600) por un viaje a Estados Unidos, según el comunicado de prensa del Ministerio Público. “El tráfico ilegal de personas se ha vuelto un negocio muy rentable”, puntualiza Campo.
SUSCRIBIRME