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Masacres de defensores ambientales siguen impunes en Latinoamérica: informe

BRASIL / 7 OCT 2022 POR PETER APPLEBY ES

Latinoamérica es, por un amplio margen, la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales, con siete de sus países entre los primeros diez lugares de un macabro nuevo ranking.

Un nuevo informe de Global Witness publicado en septiembre halló que al menos 1.733 defensores de tierras y el medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en la última década. Más de dos terceras partes de los asesinatos ocurrieron en Latinoamérica, entre los cuales la población indígena puso el 39 por ciento de las víctimas.

Entre 2012 y 2021, los países latinoamericanos ocupan siete entre los diez lugares más letales para ejercer la defensa del medio ambiente. Brasil registró el mayor número de homicidios, seguido de Colombia, con la deshonrosa presencia también de México (4), Honduras (5), Guatemala (6), Nicaragua (9) y Perú (10). Y Venezuela ocupó el undécimo puesto.

VEA TAMBIÉN: Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía peruana

Aunque en 2020, Colombia encabezó el ranking, México fue el peor lugar para los defensores ambientales en 2021, responsable de 54 de los 200 asesinatos de activistas registrados en el mundo en el pasado año. Esto representó un incremento desde las 30 muertes violentas ocurridas en 2020 y por tercer año consecutivo ha crecido en el país esa violencia contra los activistas ambientales. 

Al mismo tiempo, Latinoamérica contiene “alrededor de sesenta por ciento de la vida terrestre del planeta”, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Actores criminales ávidos de ganancias económicas explotan la extraordinaria riqueza natural de la región y entran en conflicto con los protectores del medio ambiente con desenlaces muchas veces violentos.

Análisis de InSight Crime

A pesar de haberse impuesto en esos rankings por años, es menos visible la impunidad que también cobija a quienes quieren hacer daño a los activistas ambientales.

Global Witness se centró en el padecimiento de las comunidades indígenas del país, en especial la grave situación de la comunidad indígena Yaqui, en el estado de Sonora, al norte de México. En julio, hubo diez desapariciones de hombres yaqui, y apenas en septiembre se hallaron los restos de seis de ellos. Este no es más que uno de los muchos ataques que han enfrentado los yaqui por parte de narcotraficantes y de quienes quieren sacarlos de sus tierras.

El informe determinó que incluso activistas que por años han sido objeto de amenazas directas y repetidas no pudieron obtener protección. En noviembre de 2021, Irma Galindo Barrios, activista de la comunidad indígena mixteca, desapareció después de años de amenazas y hostigamientos. No la han encontrado.

No todos estos asesinatos son causados por el crimen organizado. El informe señaló una falta de consulta entre las comunidades indígenas y los promotores de grandes proyectos extractivos, y las amenazas a los defensores de tierras que por lo general ocurren en relación con su actividad. Las mineras canadienses, por ejemplo, han sido blanco del escrutinio público por su presunta participación en las muertes de varios activistas.

VEA TAMBIÉN: Bolsonaro vs. Lula: perspectivas divergentes sobre crimen, seguridad y la Amazonía en Brasil

Colombia se mantiene cerca del primer lugar de la lista, a pesar de que hace seis años se declaró el final de un conflicto armado de más de 50 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el territorio que antes controlaban las FARC, ese grupo guerrillero solía proteger el medio ambiente, impidiendo la deforestación y la minería ilegales. Desde su desmovilización, los remanentes conocidos como ex-FARC mafia, la red fragmentada de agrupaciones que desertaron del proceso de paz, no comparten el mismo interés en proteger la selva tropical. Los cultivos de coca se han disparado en los parques naturales de Colombia, las ingentes ganancias que promete la minería ilegal han atraído una plétora de intereses criminales, y la deforestación alcanzó niveles récord. Esto ha causado innumerables muertes de defensores ambientales, como guardaparquesgrupos indígenascomunidades afrocolombianas, y excombatientes desmovilizados de las FARC.

Brasil, el país más biodiverso del mundo, también asistió en la última década a una agudización inédita de los índices de violencia contra activistas ambientales y defensores de tierras. La deforestación en la Amazonía es promovida por la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico que trabaja de la mano de los ganaderos, “el principal motor de la apropiación ilegal de tierras en esa región”, como informó InSight Crime.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha tratado de echarse para atrás en las salvaguardias ambientales durante su mandato, ha criticado las reservas naturales y ha respaldado la tala de tierras selváticas para abrir paso a la ganadería. Bajo su custodia, se ha desdibujado la línea que separa la criminalidad y el Estado, pues han aumentado los casos de apropiación de tierras con la venia del Estado.

Una vez más, los grupos indígenas se encuentran en la línea de fuego. Las incursiones de mineros ilegales en tierras de los Yanomami, en el estado de Roraima al norte del país, han producido tiroteos periódicos que han dejado víctimas de ambos lados. Y la entrada del mayor grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), a la minería ilegal amenaza con empeorar las cosas.

Para Global Witness, las corporaciones representan el mismo riesgo para las vidas de los indígenas y los activistas ambientales, como el crimen organizado. "El desdibujamiento de la agroindustria brasileña y el terror patrocinado por el Estado en tierras indígenas [...] se han agravado sustancialmente en el régimen de Bolsonaro", determinó el informe. Esto solo permite entender la importancia crucial de las actuales elecciones presidenciales en Brasil para la Amazonía misma y para todos sus habitantes.

Pero los problemas de Latinoamérica van más allá de México, Colombia y Brasil. En Nicaragua, 15 integrantes de las comunidades indígenas Miskitu y Mayangna fueron asesinados en 2021. Estas comunidades han padecido una invasión sistemática de sus territorios y una represión brutal de su oposición al expolio. La impunidad que sienten los invasores se condensó en una señal dejada en una reclamación ilegal de tierras en agosto.

"Ningún mayangna debe venir aquí porque serán asesinados", decía el mensaje dejado en el cerro KiwaKumbaih, una zona donde el año pasado fueron masacrados 12 miembros de la comunidad indígena. El cerro de KiwaKumbaih es un lugar sagrado para los Mayangna y un lugar tradicional de caza y pesca para la comunidad.

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