Los más recientes enfrentamientos armados en el estado Apure, Venezuela, exponen de nuevo los matices de la relación compleja entre el gobierno venezolano y los grupos criminales e insurgentes colombianos que operan en esa frontera, y demuestran por qué podría haber más conflictos en el futuro próximo.
La última serie de enfrentamientos comenzaron en la madrugada del domingo 21 de marzo, cuando integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegaron un operativo militar en el municipio José Antonio Páez, estado Apure, el cual derivó en una confrontación armada con una organización criminal con presencia en este sector.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Defensa de Venezuela, la operación, denominada Escudo Bolivariano 2021, dejó como resultado varias afectaciones a un grupo armado irregular de origen colombiano, y desembocó en el asesinato de uno de sus cabecillas, conocido como alias “Nando”, así como la captura de 32 integrantes de dicho grupo, la destrucción de seis campamentos y la incautación de importante material de guerra.
Adicionalmente, el gabinete de defensa reportó el fallecimiento de dos oficiales del ejército, y reiteró el mensaje de “cero tolerancia” en contra de este tipo de estructuras criminales en Venezuela.
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Si bien el ejército venezolano no confirmó el nombre de esta organización ilegal, medios regionales y habitantes locales aseguraron que los combates en la zona respondieron a una persecución estatal en contra de exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero que se desmovilizó con un acuerdo de paz firmado en 2016. Estos ex-FARC, que se reconocen como Frente 10 de la antigua organización guerrillera, están liderados por Jorge Eliécer Jiménez, alias “Jerónimo” o “Arturo”, quien coordina diversas operaciones criminales en la frontera entre Arauca y Apure.
Las retaliaciones por parte de los exintegrantes del Frente 10 no se hicieron esperar. En la noche del 23 de marzo, una cuadrilla de disidentes atacó con explosivos la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ubicada sobre el sector de La Victoria, en el estado Apure. Los atentados vinieron acompañados por audios y panfletos de las facciones disidentes anunciando futuras represalias.
Análisis de InSight Crime
Esta no es la primera vez que el ejército venezolano enfila sus cañones en contra de las guerrillas y los actores criminales en este país. Diversas diferencias y enfrentamientos armados entre ambos sectores son el reflejo de una relación marcada por sumas y restas criminales, que ponen de manifiesto diferencias que están lejos de desaparecer.
Tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el único grupo insurgente colombiano que aún permanece, como exintegrantes de las FARC han sido protagonistas de estos encuentros con las Fuerzas Armadas venezolanas.
Uno de los episodios más recordados fue el arresto, en noviembre de 2018, de un comandante del ELN conocido como Luis Felipe Ortega Bernal, alias “Garganta”, el cual ocasionó la muerte de cuatro miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Según investigadores locales que hablaron con InSight Crime en ese entonces, el intercambio armado fue producto de un desacuerdo económico entre ambas partes. Dos años después, en diciembre de 2020, Garganta recuperó su libertad y actualmente continúa coordinando operaciones ilegales.
En cuanto a las ex-FARC, los eventos recientes tienen varios antecedentes. En septiembre de 2020, unidades militares atacaron tres campamentos pertenecientes al mismo Frente 10 de las ex-FARC en los sectores Tres Esquinas, Mata de Bambú y Las Palmitas, del municipio José Antonio Páez, estado Apure. A pesar de dichos ataques, la presencia de esta facción no se vio afectada.
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En circunstancias similares, la FANB desplegó la Operación JIWI 2021 en los estados Apure y Amazonas, cuya finalidad era expulsar a las estructuras disidentes de las FARC presentes en estos estados. Según la periodista local Sebastiana Barráez, los enfrentamientos militares respondían a intereses particulares del ELN y de otra disidencia de las FARC, que lleva el nombre Segunda Marquetalia, los cuales manejan negocios ilícitos en dichas regiones.
Sin embargo, la relación entre todos es más compleja. Aunque el ejército venezolano haya ejecutado estos operativos e insista públicamente en el rechazo a la presencia de grupos insurgentes de origen colombiano en su territorio, los negocios y la presencia de las guerrillas en Venezuela contradicen estas acciones. En algunas zonas estratégicas de Venezuela, el ELN y las ex-FARC han constituido consorcios criminales con el Estado venezolano en torno al control de la explotación ilegal minera y el tráfico transnacional de drogas.
Además, ha habido diferencias entre las estructuras criminales e insurgentes. La Segunda Marquetalia y el ELN, por ejemplo, han tenido enfrentamientos con exintegrantes del Frente 10, razón por la cual hay un interés compartido por expulsar a esta facción disidente de esta franja fronteriza.
Por el momento, lo único concreto de estos operativos militares ha sido el impacto humanitario que ha dejado a su paso. Según cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cerca de 4.741 personas han tenido que salir desplazadas producto de las balas y bombas que se apoderaron del territorio apureño.
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