Las denuncias de víctimas de trata de personas no paran de crecer en México, mientras los funcionarios de gobierno hacen esfuerzos por encontrar nuevas estrategias que fortalezcan la identificación de las mismas y prevengan la explotación exacerbada por la pandemia del coronavirus.
El 30 de julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México lanzó la campaña Corazón Azul 2022, con el ánimo de visibilizar y concientizar sobre los muchos contextos en los que puede ocurrir la trata de personas con el fin de mejorar las medidas preventivas y las denuncias oportunas.
“Nuestro compromiso como país no debe reducirse a cierto tipo de víctimas de trata; debe volcarse a la prevención, no solo del delito, sino de sus causas estructurales”, declaró Félix Santana, secretario técnico de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El anuncio se hizo tras la divulgación de nueva información por parte de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que muestra que las autoridades mexicanas identificaron al menos 494 víctimas de trata de personas en el país entre enero y junio de este año.
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Esto representó un incremento de 22 por ciento sobre las 406 víctimas registradas en el primer semestre del año anterior. De mantenerse esta tendencia, para finales de este año el gobierno tendrá cerca de 1.000 víctimas de trata de personas, el número más alto desde 2015, según un análisis de InSight Crime con base en datos de la SESNSP.
Sin embargo, el número real de víctimas excede en mucho el reportado. Grupos de la Sociedad civil como el Consejo Ciudadano estiman que en México solo se denuncia uno de cada 100 casos de trata. Las víctimas no pueden denunciar por varias razones, incluida la falta de recursos, evitar la estigmatización o porque han sido manipuladas para no considerarse víctimas.
El informe del Departamento de Estado estadounidense sobre Trata de Personas (TIP) 2022 halló que, por octavo año consecutivo, el gobierno mexicano “no cumple los estándares mínimos” para combatir y eliminar la trata de personas, pero está “haciendo esfuerzos significativos” en esa dirección.
Entre la población en mayor riesgo de ser víctima de trata, según el Departamento de Estado, se cuentan menores sin acompañante, indígenas, solicitantes de asilo y migrantes, miembros de la comunidad LGBTQI+ y trabajadores informales, entre otras poblaciones vulnerables.
Otro hallazgo del informe es que más que a manos de organizaciones criminales mexicanas, “la mayoría de los casos de trata son perpetrados por familiares, parejas sentimentales, conocidos en redes sociales o mediante engaños relacionados con ofertas laborales”.
Análisis de InSight Crime
Los delitos de trata de personas ocurren en todo México y pueden llegar más allá de las fronteras, pero varios estados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos han servido históricamente como focos de trata de personas.
Durante los primeros seis meses de 2022, los estados de Baja California, Chihuahua y Nuevo León representaron una cuarta parte (122) del total de víctimas de trata identificadas y poco menos de 25 por ciento (95) de las 411 investigaciones abiertas por las autoridades.
Durante los últimos dieciocho meses, estos tres estados se contaron entre los primeros 10 estados donde la Línea de Atención sobre Trata de Personas Mexicanas, atendida por el Consejo Ciudadano, recibió el mayor número de llamadas denunciando trata de personas.
Estos datos permiten dibujar una parte del drama. En Baja California y Chihuahua, las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez son conocidas como centros de explotación sexual y laboral, mientras que el centro manufacturero de Monterrey, en Nuevo León, ha sido por largo tiempo una base de operaciones de los tratantes de personas.
Dada la composición económica y el carácter transitorio de estas ciudades sobre rutas migratorias que atraviesan México, es frecuente que migrantes internos y extranjeros se vean atraídos allí y caigan en las redes de trata. Son diversas las modalidades como las víctimas quedan atrapadas por sus explotadores, pero desde el inicio de la COVID-19, las tácticas engañosas de enganche laboral han recurrido cada vez más a plataformas de redes sociales, como Facebook y WhatsApp.
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A las potenciales víctimas se les ofrecen oportunidades laborales atractivas con buena paga, pero sin detalles específicos sobre los requerimientos del empleo. Las promesas de desarrollo personal y profesional actúan como “máscara de las condiciones de explotación”, según señaló Consejo Ciudadano. Las víctimas pueden ser obligadas a trabajar jornadas extendidas por menor paga o ser inducidas a la prostitución después de aceptar una oferta laboral como meseras o como parte de un contrato de modelaje.
La forma de explotación con mayor número de denuncias es la explotación sexual, pero expertos en trata afirmaron a InSight Crime que eso no la convierte en el tipo de trata más prevalente. También está muy generalizada la explotación laboral en los sectores agrícola, constructor y manufacturero en México, pero las denuncias son mucho más escasas. Con el aumento de la población en condición de pobreza y otras condiciones precarias, hay muchos trabajadores desesperados vulnerables a la explotación.
Aunque grupos depredadores como Los Zetas llegaron a operar sus propias redes de prostitución, hoy la trata de personas no representa una fuente de ingresos central para las principales organizaciones criminales de México. Esta industria está dominada en su gran mayoría por clanes familiares independientes que seleccionan quirúrgicamente a sus víctimas.
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