Un nuevo reporte ilustra cómo el crimen organizado ha explotado y abusado de los migrantes venezolanos, convirtiendo la mayor crisis de desplazamiento de la región en una oportunidad criminal lucrativa.
El declive económico de Venezuela ha generado la segunda crisis de desplazamiento externa más grande del mundo, y para finales de 2022, más de 7 millones de venezolanos habían salido de su país. El nuevo estudio, publicado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), compuesta por organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y organizaciones humanitarias, revela cómo el crimen organizado explota a los migrantes y se beneficia de la crisis en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Aruba y Curazao.
El reporte presenta una radiografía de los riesgos que corren los migrantes y los réditos que ha sacado el crimen organizado del éxodo venezolano. InSight Crime analiza sus conclusiones principales.
De migrantes a eslabones en el crimen organizado
Ante la desesperación económica de los venezolanos, los grupos criminales los instrumentalizan para diversas economías. Los migrantes son reclutados para los niveles más bajos de la delincuencia organizada, venden servicios de contrabando y son capturados por redes de trata de personas.
Según el informe, los grupos criminales han comenzado a reclutar venezolanos dentro de los albergues humanitarios que acogen a la población en tránsito. Una vez son captados, los migrantes son utilizados para llevar a cabo tareas de bajo nivel pero que tienen un riesgo de captura alto.
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A lo largo de la cadena del narcotráfico, los migrantes desempeñan roles que van desde la recolección de hoja de coca, el transporte de droga entre países por medio de embarcaciones o a través de correos humanos. En las ciudades, los migrantes son reclutados para el expendio de drogas.
Las redes de tráfico de migrantes a lo largo del continente se han aprovechado de la necesidad de movilidad de los migrantes venezolanos para obtener ganancias y expandirse. Estos grupos ofrecen portafolios de servicios, que incluyen viajes desde Venezuela hasta Chile o Argentina, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Dentro de los “paquetes” de servicios se incluye el alojamiento, transporte, y cruce por peligrosos pasos ilegales.
En otros casos, los migrantes caen presa de redes de trata de personas. Según el reporte, además de los siete países analizados, se han registrado casos en 11 países más dentro y fuera de la región. El estatus migratorio irregular de los migrantes les impide denunciar este tipo de situaciones y buscar ayuda, lo que los hace altamente vulnerables.
Las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, en su mayoría mujeres y niñas, son reclutadas por redes sociales a través de falsas ofertas de trabajo en hogares, restaurantes y peluquerías. Al llegar al país de destino, la red criminal retiene sus documentos y las obliga a proveer servicios sexuales para pagar por su transporte y alojamiento. Algunas personas, afirma el reporte, son entregadas a grupos como el Tren de Aragua que las explotan.
Los migrantes también son víctimas de explotación laboral en trabajos agrícolas, como la cosecha de alimentos, la construcción y el trabajo doméstico en países como Brasil, Aruba y Curazao.
¿Quiénes se lucran de los migrantes?
De acuerdo con el informe, los grupos criminales que se lucran de explotar a los migrantes van desde redes transnacionales hasta clanes locales.
Entre los grupos identificados están aquellos que tienen alcance transnacional, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las disidencias de las FARC, también conocidas como ex – FARC Mafia, así como pandillas de gran envergadura como el Tren de Aragua de Venezuela y el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital - PCC) de Brasil, presentes en varios países de la región.
A nivel nacional y local, las autoras del informe apuntan a la presencia de clanes familiares y bandas criminales, algunas de origen venezolano, en países como Bolivia, Argentina, Chile, y Colombia.
La mayoría de estos grupos simplemente se ha aprovechado del paso de las rutas migratorias por su territorio. Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 actuó como un catalizador para el crecimiento de grupos criminales asociados al tráfico de migrantes y la trata de personas, entre ellos el Tren de Aragua que se ha expandido a otros países.
Efectos de la violencia
Los migrantes que son captados y explotados por el crimen organizado en América Latina están expuestos a varios tipos de violencia como la desaparición forzada, el homicidio, y las amenazas por cuenta de extorsionistas.
De acuerdo con el informe, las personas venezolanas son frecuentemente víctimas de desaparición forzada, especialmente en pasos fronterizos. Durante el trayecto, los traficantes pueden elegir pasos ilegales con condiciones peligrosas, o abandonar a los migrantes en la ruta.
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Algunas desapariciones ocurren en el contexto de enfrentamientos entre grupos armados por el control del territorio, o en defensa propia contra la violencia sexual. La trata de personas también es una de las causas de las desapariciones de migrantes. Víctimas de explotación en bares en Aruba y Curazao, así como en zonas mineras de Bolivia y Brasil han desaparecido, asegura el reporte.
Las personas reclutadas por grupos criminales también están expuestas a ser asesinadas en enfrentamientos con otras bandas. Alrededor de 1.000 venezolanos fueron asesinados en Colombia durante el 2022, según cifras preliminares de Medicina Legal. En Brasil también se han presentado muertes violentas de migrantes, asociadas a disputas de narcotráfico, de acuerdo con el informe.
Los migrantes en situación de desesperación económica en Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia pueden ser víctimas de amenazas, violencia física o secuestro por parte de extorsionistas que utilizan la modalidad de préstamos “gota a gota”. Estos préstamos son en muchos casos la única alternativa de los migrantes, quienes no pueden recurrir al sistema bancario formal.
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