Casi dos docenas de agentes de policía municipal fueron arrestados por sospecha de secuestro y extorsión a migrantes en el estado de Chiapas, en México, lo que pone de relieve el aumento de violencia policial contra los migrantes a lo largo de esta ruta de tránsito clave.
Un total de 21 agentes de la policía municipal fueron arrestados en la ciudad de Chiapa de Corzo por presunta tentativa de extorsionar a 19 migrantes indocumentados el 11 de octubre. Según El Universal, los acusados interceptaron a un bus que transportaba migrantes —entre ellos siete menores de edad entre los dos y los catorce años— y procedieron a trasladar a las víctimas a la estación de policía, donde los retuvieron.
Los agentes de policía exigían a las víctimas, procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, que entregaran los nombres y números de teléfono de parientes en sus países de origen para demandar un rescate de 3.000 pesos mexicanos —equivalentes a unos US$160— para dejarlos ir, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Los fiscales afirman que los hallazgos iniciales de la investigación indican que el subdirector de la policía municipal ordenó la detención de los migrantes, lo que sugiere que él podría ser el cabecilla de la red de extorsión. Algunas agencias de noticias han afirmado que el agente sospechoso es Hernán Gómez Grajales, hermano del alcalde de Chiapa de Corzo, Héctor Gómez Grajales. Pero eso no lo han confirmado las autoridades; el comunicado de la Procuraduría General de la República solo identificó al sospechoso como "Hernán 'N'".
El episodio motivó la publicación de un comunicado oficial del alcalde de la ciudad en la página web del gobierno local, en donde aseguraba que habría cero tolerancia para servidores corruptos, y se deslindó de los actos cometidos por la red de extorsión.
Los 21 agentes de policía se encuentran oficialmente bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado por secuestro exprés, y podrían enfrentar penas hasta de 50 años de cárcel si se los declara culpables.
Análisis de InSight Crime
México ha tenido problemas con las olas de migrantes centroamericanos que huyendo de la violencia y la pobreza tratan de llegar a Estados Unidos, y ha habido creciente preocupación por la violencia y el crimen de los que son objeto en su peligroso tránsito por México. Chiapas, zona de paso clave por su extensa frontera con Guatemala, se ha convertido en el estado más violento para los migrantes, con un registro de casi 50 por ciento de los crímenes denunciados.
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Una preocupante tendencia en medio del incremento de los delitos contra los migrantes es la participación cada vez mayor de las fuerzas de seguridad en el secuestro y la extorsión. Este no es el primer episodio de agentes de policía acusados de estos delitos en Chiapas; un reciente informe de varias organizaciones de derechos humanos halló que el número de denuncias registradas contra los agentes mexicanos por delitos contra migrantes creció 180 por ciento entre 2014 y 2015.
En contraste, las denuncias de delitos atribuidos a las organizaciones criminales disminuyeron en ese mismo periodo. Según estos números, las autoridades mexicanas fueron consideradas responsables de 41,5 por ciento de los crímenes denunciados contra migrantes, un porcentaje sorprendentemente cercano al 45 por ciento de los delitos atribuidos a grupos criminales.
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