Los últimos tres presidentes de El Salvador han sido acusados de corrupción, un posible signo de que la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a arremeter contra el cargo político más alto de la nación.
El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) podría enfrentar tres investigaciones diferentes sobre sus activos, lo cual incluye un caso de lavado de dinero, según le dijo a Diario Latino una fuente confidencial cercana a la Corte Suprema.
Funes ya está involucrado en un caso de enriquecimiento ilícito, y se le han congelado algunos activos, incluyendo cuatro cuentas bancarias, informó El Faro. Las acusaciones contra el expresidente se basan en su incapacidad para responder por millones de dólares en ingresos personales y activos. Funes ha sostenido que es inocente y afirmó que está siendo hostigado por sus rivales políticos.
Por otra parte, la Corte Suprema le ha notificado al predecesor de Funes, Elías Antonio Saca (2004-2009), que debe responder por más US$6 millones de ingresos personales, según otro informe de Diario Latino. Los reportes financieros de Saca muestran ganancias personales por más de US$13 millones durante su mandato presidencial, que Saca declaró como "otras actividades e inversiones", añadió el informe.
Saca estuvo acusado de lavado de dinero en 2013, y un cable de la Embajada de Estados Unidos divulgado por WikiLeaks llegó incluso a decir que su corrupción "se había pasado de los límites", lo cual le valió críticas incluso de los mismos miembros de su partido conservador ARENA.
Análisis de InSight Crime
Además de Funes y Saca, el fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) también estuvo involucrado en casos de corrupción. Esto significa que las tres últimas administraciones presidenciales de El Salvador, que abarcan 15 años, se han visto empañadas por denuncias de corrupción.
Si bien éste es un preocupante indicio de lo desenfrenada y sistémica que se ha vuelto la corrupción en los más altos niveles del gobierno en El Salvador, hay un aspecto positivo: la Corte Suprema de Justicia de El Salvador puede estar empezando a tomar medidas contra estas poderosas figuras políticas.
Flores fue acusado de malversar US$15 millones donados por Taiwán para ayudar a las víctimas de un devastador terremoto en 2001. El expresidente fue llamado a juicio en diciembre de 2015, pero murió de una hemorragia cerebral al mes siguiente.
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Aunque las autoridades salvadoreñas no pueden enjuiciar a Flores, la Corte Suprema parece estar dispuesta a ir tras Funes y Saca, según lo indica la celeridad con que avanzan las investigaciones contra Funes.
La Corte Suprema quizá es consciente de que las grandes victorias contra la corrupción que ha logrado en la vecina Guatemala la CICIG, el organismo contra la impunidad respaldado por las Naciones Unidas, han llevado a que se soliciten intervenciones similares en El Salvador y Honduras. Un gran esfuerzo en este momento por parte de las autoridades salvadoreñas para investigar los casos de corrupción podría ser una forma de demostrar su voluntad y capacidad para manejar este tipo de asuntos sin necesidad de intervención externa.
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