Cuatro personas han sido acusadas por un jurado federal de Estados Unidos de tráfico ilegal de artefactos artesanales peruanos, en el caso más reciente que expone al lucrativo comercio del mercado negro que mueve miles de millones.
Tres sospechosos - dos ciudadanos naturalizados estadounidenses y un peruano - fueron arrestados en Utah y Miami, mientras que un segundo sospechoso peruano sigue en libertad (Ver el acta de acusación abajo).
Durante la investigación que condujo a las detenciones, el Departamento de Investigaciones de la Seguridad Interna (HSI por sus siglas en inglés) utilizó a un agente encubierto para comprar bienes culturales del residente de Utah, Cesar Guarderas, y para mantener el contacto telefónico y por correo electrónico con Guarderas y el peruano, Javier Abanto-Sarmiento, hermano de la esposa de Guarderas. En el transcurso de la investigación, las autoridades confiscaron más de 30 artefactos, como lo detalla en el Salt Lake Tribune.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú - que confirmó el desmantelamiento de la banda de tráfico de artesanías - dijo que la investigación está en marcha desde octubre de 2012 y que las autoridades están investigando los posibles contactos que los sospechosos tenían en esa nación andina. No ha habido arrestos hasta ahora en Perú.
Análisis de InSight Crime
Las autoridades estadounidenses de inmigración (Immigration and Customs Enforcement – ICE) estiman que el comercio de estos objetos mueve hasta US$8 mil millones al año en todo el mundo. Según el ICE, los funcionarios del HSI han regresado más de 6.600 elementos patrimoniales procedentes de 24 países desde 2007.
El comercio de artefactos culturales es un problema para varios países de América Latina, como lo demostró Estados Unidos en un taller contra este tipo de tráfico en Guatemala, Belice y México en la primavera de 2012. En Perú - donde el problema fue resaltado recientemente a partir de otro caso de alto perfil, cuando Bolivia devolvió una momia peruana robada - el gobierno estima que bienes culturales por un valor de unos US$18 millones al año son contrabandeados ilegalmente fuera del país.
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