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65% de cárceles estatales en México controladas por grupos criminales: Informe

MÉXICO / 23 MAY 2017 POR VICTORIA DITTMAR ES

El 65 por ciento de las cárceles estatales de México están controladas por grupos de crimen organizado según un informe sobre la situación penitenciaria en el país publicado esta semana por la Cámara de Diputados. El dato reitera la mala situación de las cárceles mexicanas, sacudidas desde hace mucho por corrupción, noticias de notorios escapes de capos del narcotráfico, así como de la participación de sus funcionarios en diversos delitos.

A principios de mayo se difundió un video que se convirtió en el ejemplo más reciente de la falta de control de las autoridades penitenciarias en México. La grabación muestra una fiesta en el penal Puente Grande, una de las cárceles de máxima seguridad en el país. Las imágenes muestran a varios miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) celebrando a José Luis Gutiérrez Valencia, alias "Don Chelo", quien, según se sospecha, tendría el control del penal. En el video no se aprecia la presencia de ningún personal de seguridad.

El informe también resalta la situación de violencia dentro de las cárceles. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) citados en el estudio, en 2015 se registraron 2.110 incidentes violentos, de los cuales 1.382 fueron riñas, 54 homicidios y 6 motines. Según la Comisión Nacional de Seguridad, también citada, se registraron 81 riñas y 27 homicidios tan solo en julio de 2016. La CNDH considera que falta personal de seguridad y custodia para prevenir este tipo de incidentes.

Las cárceles mexicanas, además, están hacinadas. De acuerdo con el estudio, la mitad de los centros de detención tenían sobrepoblación en 2016. Esto se debe, en parte, a que el 40 por ciento de los 236.886 presos que había en el país no tenía una sentencia condenatoria.

La CNDH reconoce que en las instalaciones para alojar a los internos hay "deficiencia en las condiciones materiales y de higiene", aunque por otro lado señala que en algunos penales existen "áreas de privilegios" donde los presos cuentan con lujos.

Analisis de InSight Crime

El informe de la Cámara de Diputados pone en cifras un problema que ya es conocido en México y en el resto de la región. A pesar de que no ofrece detalles acerca del control que ejercen los grupos criminales dentro de las prisiones mexicanas, existen varios ejemplos que ilustran el control laxo que tienen las autoridades.

El caso más emblemático es el del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien a pesar de haber sido el criminal más buscado del hemisferio occidental, y de haber estado recluido en prisiones de máxima seguridad, fue capaz de escapar en dos ocasiones con ayuda del mismo personal.

Otro caso reciente fue la fuga en marzo de Juan José Esparragoza Monzón, hijo de alias "El Azul", un importante miembro de la cúpula del Cartel de Sinaloa. Una semana después se escaparon 29 reos del penal de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas, el cual presuntamente estaba controlado por exmiembros de Los Zetas.

El poder que tienen los grupos criminales también está relacionado con la violencia que se vive dentro de las cárceles. En febrero del año pasado, por ejemplo, murieron 52 personas durante un motín en el penal de Topo Chico, Monterrey, a raíz de un presunto enfrentamiento entre dos facciones rivales de Los Zetas por el control del penal. Los Zetas también fueron capaces de convertir al penal Piedras Negras, en Coahuila, en una fosa clandestina donde enterraron a 150 de sus víctimas.

Las investigaciones de InSight Crime han concluido que los problemas de hacinamiento y malas condiciones hacen que mantener el control dentro de las prisiones sea casi imposible, por lo que estas se han convertido en centros de reclutamiento y fortalecimiento de grupos criminales.

VEA TAMBIÉN: El dilema de prisiones en Latinoamérica

A esto se le añade la corrupción por parte de las autoridades, que muchas veces permite que los reos continúen con sus actividades ilícitas fuera de la prisión. En Topo Chico, por ejemplo, Los Zetas presuntamente ganaban cerca de US$800.000 al mes por extorsión y narcotráfico. Capos de alto perfil como Alfredo Beltrán Leyva, alias "Mochomo", habrían continuado dirigiendo a sus carteles aún desde penales de máxima seguridad.

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