Un nuevo informe sobre los principales logros y fallas del histórico proceso de paz con el grupo guerrillero de las FARC en Colombia muestra que la violencia rural y la política siguen siento los principales obstáculos para un acuerdo que tiene dos caminos: reformar y mejorar el campo en Colombia o precipitar una nueva época de caos criminal.
La actualización más reciente de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia sobre el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) destaca tanto los avances como los obstáculos en este proceso determinante, ahora en su octavo mes.
Varios hechos apuntan a avances concretos en el proceso. Es de destacar la entrega de la guerrilla de un número de armas superior al número de combatientes que se están desarmando, algo que no había sucedido en ningún proceso de paz anterior en el mundo, según la fundación.
El informe también reconoce al cese al fuego entre el gobierno colombiano y la insurgencia el que ha salvado miles de vidas, con la baja de las tasas de homicidios.
Sin embargo, aunque los homicidios, los secuestros y la extorsión han bajado en muchos de los lugares donde las FARC operaban, estas zonas “posFARC” se han sumergido en formas desconocidas y muchas veces violentas de gobierno criminal. El estudio describe cinco escenarios importantes derivados del vacío de poder de las FARC:
1. Las zonas han sido ocupadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo mayor grupo guerrillero de Colombia. Esto se ha detectado en doce municipios.
2. Las zonas están ocupadas por las Bacrim, organizaciones criminales conformadas en su mayor parte por paramilitares de derecha desmovilizados. Esto se ha detectado en 74 municipios, 18 de los cuales fueron resultado de la expansión de las Bacrim.
3. Presencia de disidentes de las FARC. Esto se ha observado en 16 municipios.
4. Anarquía criminal, zonas donde ningún grupo criminal ha asumido el poder, lo que ha provocado un aumento de delitos menores (pero no necesariamente de la violencia).
5. Las fuerzas del gobierno entran a tomar el control.
El quinto escenario muestra progresos actualmente, con la creación de más de 1.000 bases del ejército en todo el territorio colombiano, con alrededor de 300.000 soldados. La policía ha desplegado a 172.000 agentes a casi 5.000 divisiones en ocho de los 32 departamentos de Colombia. Se ha enviado doce mil más a las zonas de desmovilización de las FARC, y se ha creado un cuerpo élite de 1.000 agentes para combatir el crimen organizado.
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Pero mientras el gobierno pone en marcha su nueva estrategia de seguridad, el 90 por ciento del acuerdo de paz orientado a mejorar las condiciones de vida de la población colombiana está atascado por la política. Uno de los compromisos hechos a raíz del rechazo del acuerdo original en un referendo público en octubre de 2016, fue que el congreso tendría que votar sobre cada punto del acuerdo, lo que retarda su implementación. De las muchas leyes incluidas en los acuerdos de paz firmados, los que se han aprobado hasta el momento favorecen en su mayor parte a los actores armados. Los que tienen que ver con la innovación agrícola, el uso de la tierra y los escaños en el congreso para comunidades especialmente golpeadas por el conflicto, aún no se aprueban.
Sin embargo, un fallo reciente de la corte implica que estas leyes serán objeto de más debates y en consecuencia su paso por el congreso será más lento. Esto puede abrir la puerta para el boicoteo de los proyectos de ley por parte de la oposición política del país, que ha mostrado una vehemente resistencia al acuerdo de paz.
Análisis de InSight Crime
Aun con las FARC desarmadas, este nuevo estudio presenta mayor evidencia de que el acuerdo de paz enfrenta por lo menos dos obstáculos importantes: violencia en comunidades rurales vulnerables, y retrasos legales.
Como lo ha señalado anteriormente InSight Crime, muchas poblaciones que vivían bajo el dominio de las FARC ahora se ven indefensas contra la delincuencia común o ante nuevos grupos armados. Esto ha dado pie a que se disparen las tasas de homicidio en municipios, como Olaya Herrera, al oeste de Colombia, donde investigadores de InSight Crime supieron que los homicidios han llegado a tasas de 375 por 100.000 ciudadanos.
Al mismo tiempo, ha habido más ataques dirigidos a líderes sociales, en un intento de los grupos por eliminar la resistencia local a su autoridad. Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, en promedio, ha caído muerto un líder social cada cuatro días, según el informe.
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Aunque se espera que el despliegue de fuerzas de seguridad contrarreste la creciente inseguridad, el gobierno también debe comenzar a llevar a otras instituciones del estado a zonas rurales remotas, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Sin embargo, ha habido insatisfacción en torno al manejo que el gobierno ha dado al proceso de paz hasta el momento. Los obstáculos a la promesa de liberación de presos de las FARC han llevado a que más de 1.500 guerrilleros se declaren en huelga de hambre, mientras que las FARC mantienen un ruidoso regaño al gobierno por el incumplimiento en la construcción de las zonas de desmovilización.
Tanto los brotes de violencia como los retrasos del gobierno corren el riesgo de que los ciudadanos colombianos —y las FARC— pierdan la confianza en el proceso de paz, haciendo imposible la cooperación entre las comunidades locales y los actores estatales que implementan los nuevos programas rurales consignados en el acuerdo de paz.