Los ciudadanos de El Salvador están a favor, de manera casi unánime, de crear una comisión internacional que investigue el crimen organizado y la corrupción en el país, una fuerte crítica a la estrategia contra el crimen que adelanta la actual administración y al manejo de casos delicados en el plano político.
Casi el 97 por ciento de quienes respondieron a una encuesta (pdf) publicada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dijeron respaldar al gobierno en la creación de una comisión internacional que investigue casos de corrupción y crimen organizado (ver la gráfica siguiente).
Más del 58 por ciento de los encuestados dijeron creer que existe "mucha" corrupción en la Asamblea Legislativa; solo el 16,4 por ciento indicaron que la corrupción era poca o nula.
La encuesta, que pedía a 1.262 adultos que evaluaran el desempeño del gobierno en el segundo año del mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén, también reflejó opiniones negativas respecto a la actual estrategia de seguridad implementada en el país.
Se considera que un aumento de la criminalidad es el "principal fracaso" de la administración de Sánchez Cerén, opinión que se llevó más del 35 por ciento de los votos (vea la gráfica siguiente). Poco más del 53 por ciento de encuestados dijo que las nuevas “medidas extraordinarias” del gobierno, que han limitado las comunicaciones entre los pandilleros en la cárcel y el mundo exterior, han tenido “poco” o “ningún” efecto en la reducción de los crímenes de las pandillas.
Análisis de InSight Crime
La encuesta señala una profunda desconfianza entre los salvadoreños sobre la capacidad del gobierno de reducir la corrupción generalizada y el crimen por sí solos. Esta abrumadora respuesta puede revivir el debate por la creación de un organismo internacional anticorrupción, que ya ha sido creada en las vecinas Honduras y Guatemala.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha develado numerosas redes de corrupción en el gobierno, incluyendo varios presuntamente dirigidos por un presidente y su vicepresidenta. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) comenzó operaciones a comienzos de este año. El Salvador, sin embargo, se ha negado a crear un organismo similar; en lugar de eso, ha optado por un programa antiimpunidad con poderes más limitados y desprovisto de las facultades de investigación conferidas a la CICIG.
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Es muy posible que las autoridades de El Salvador sientan temor de la posibilidad de que una comisión internacional revele nexos reservados entre funcionarios del gobierno y el crimen organizado. Ha habido sospechas de que el exfiscal general de El Salvador, Luis Martínez, quien se opuso a la creación del organismo similar a la CICIG, ha obstruido las investigaciones sobre José Adán Salazar Umaña, alias "Chepe Diablo", presunto jefe del cartel Texis. Las autoridades aún no han condenado a Chepe Diablo —quien también hizo negocios con el actual vicepresidente Óscar Ortiz— pese a que fue incluido en la lista de capos de la droga por Estados Unidos desde 2014.
En el frente de la seguridad, la tasa de homicidios en El Salvador se remontó a más de 100 por 100.000 habitantes en el último año, la mayor de Latinoamérica, y los homicidios aumentaron durante el primer semestre de 2016. El gobierno ha dependido en gran parte de una estrategia represiva, de línea dura, cuyo objetivo son las pandillas callejeras.
La baja en los homicidios que se inició en abril la atribuyó el gobierno al despliegue de medidas extraordinarias, sin embargo, para las pandillas la disminución se debe a un pacto de no agresión acordado por ellas a finales de marzo.
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