Las amenazas documentadas contra activistas de derechos humanos de Colombia se dispararon en 2014, lo cual es una señal de los esfuerzos de ciertos oscuros grupos de interés por poner fin a los esfuerzos de restitución de tierras.
Alrededor de 626 amenazas contra activistas de derechos humanos fueron documentadas en 2014, un incremento del 71 por ciento frente a los 366 casos del año anterior, señaló en su último informe la ONG de derechos humanos colombiana Somos Defensores. Los grupos armados que buscan sabotear los procesos de paz y de restitución de tierras en curso en Colombia fueron responsables de la mayor parte de estas amenazas, en particular Las Águilas Negras y Los Rastrojos, dijo a InSight Crime Carlos Guevara, director de comunicaciones de la ONG.
Tanto Las Águilas Negras como Los Rastrojos son descendientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una federación de grupos paramilitares de derecha constituida en 1996 con el objetivo de luchar contra las guerrillas izquierdistas del país, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Además de estar implicadas en actividades como el narcotráfico y el secuestro, las AUC se financiaban mediante el despojo de tierras y el desplazamiento de civiles colombianos. Desde entonces, el control de las tierras de las cuales se apropiaron las AUC ha pasado a los grupos que descendieron de ellas, así como a terceros que trabajan con grupos armados.
Según Guevara, los grupos descendientes de las AUC y los intereses de terceros pretenden disuadir a los colombianos y a los activistas de derechos humanos de participar en los esfuerzos de restitución de tierras actuales, así como en cualquier reforma agraria que pueda resultar de la firma de un acuerdo de paz con las FARC, el grupo guerrillero más grande de Colombia. Un hecho aún más preocupante es que Guevara denunció que estos grupos a menudo operan con el apoyo de políticos y militares que se oponen al proceso de paz de Colombia.
Las guerrillas de Colombia, que han jugado un papel similar en el despojo de tierras y el desplazamiento de civiles, también fueron responsables de las amenazas a activistas de derechos humanos, aunque la mayor parte de las amenazas fueron atribuidas a grupos neoparamilitares, según el informe de Somos Defensores.
Análisis de InSight Crime
El incremento de las agresiones documentadas contra activistas indica el nivel en que los grupos neoparamilitares y sus presuntos partidarios se sienten amenazados por los esfuerzos de restitución de tierras. Sin bien los asesinatos de activistas de derechos humanos realmente cayeron entre 2013 y 2014, esta tendencia podría revertirse, a medida que los esfuerzos de restitución de tierras siguen en marcha y continúan afectando las tierras robadas por los grupos criminales.
La percepción de un ambiente de impunidad, en el que los criminales se sienten libres para amenazar y perjudicar a los activistas de derechos humanos, sin temor a represalias, empeora la situación. La Fiscalía General de Colombia todavía no ha presentado cargos relacionados con las amenazas contra los activistas y participantes en los procesos de restitución de tierras. "Las continuas amenazas y ataques son totalmente previsibles, dada la insuficiencia crónica de Colombia para hacer justicia en relación tanto con los abusos actuales como con los pasados", dijo el director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, en un informe de 2013.
El robo de tierras y el desplazamiento han sido temas importantes durante el prolongado conflicto interno de Colombia, con un estimado de 4,87 millones de personas desplazadas entre 1985 y 2013, según HRW. La creación de un entorno en el que las víctimas puedan reclamar tierras robadas sin ser amenazadas por los intereses de los grupos criminales y de las élites es un prerrequisito para cualquier paz duradera, y será una verdadera prueba de la capacidad del gobierno colombiano para lograr esa paz.
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