El surgimiento de las afirmaciones hechas por un capo de la droga, de que financió las actividades políticas del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, es un oportuno recordatorio de la vulnerabilidad del país a la influencia del dinero de la droga en el período previo a las elecciones nacionales.
La Corte Suprema de Colombia ha solicitado que el Congreso y los fiscales evalúen el testimonio dado por el exlíder del Cartel del Norte del Valle (CNDV) Diego Montoya, alias "Don Diego", en el que afirmaba haber financiado la campaña presidencial de Uribe, informó Vanguardia.
En declaraciones a los investigadores desde su prisión en Arizona el año pasado, Don Diego proporcionó una lista de políticos que dijo que habían recibido dinero del cartel. Entre ellos había varias otras figuras prominentes, incluyendo al expresidente del Senado, Carlos Holguín Sardi, del Partido Conservador, y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
Uribe, quien se prepara para presentarse a un escaño en el Senado en las elecciones de marzo, ha respondido amenazando con emprender acciones legales por las declaraciones, informó Caracol.
Análisis de InSight Crime
El testimonio de Don Diego se suma a una larga lista de acusaciones hechas contra Uribe en los últimos años, entre ellas, la de que recibió fondos de la organización paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su campaña presidencial de 2002. Hasta el momento, ninguna de estas acusaciones ha resultado en el enjuiciamiento del expresidente, y es poco probable que esto cambie como resultado de las últimas afirmaciones.
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Don Diego era el líder de la facción de los Machos del CNDV. A raíz de la desmovilización de las AUC, los Machos surgieron como uno de los prototipos de organizaciones híbridas, paramilitares y narcotraficantes, llamadas por el gobierno BACRIM (bandas criminales).
En 2011, después de haber sido deteriorados por años de guerras impulsadas por las drogas y por la pérdida de muchos de sus líderes, los Machos vendieron lo que quedaba de su territorio y fueron absorbidos por la organización criminal más poderosa de Colombia -los Urabeños. Sin embargo, otras organizaciones de las BACRIM siguen amenazando seriamente la legitimidad de las instituciones políticas de Colombia y el proceso electoral.
Aunque el alcance de las BACRIM no es tan extenso como el de las AUC -cuyos tentáculos se extendieron a todos los niveles de la política nacional y local- las cifras siguen siendo alarmantes para el fraude electoral o la represión violenta de los votantes en las zonas donde operan (vea los mapas de Colombia Reports arriba y abajo).
Además de tener una historia de financiación de campañas políticas con dinero sucio, e influir en los votantes con sobornos o amenazas, las BACRIM son conocidas por controlar a los políticos a nivel local para ganar protección, acceso a la inteligencia, y colaboración en actividades ilegales como la extorsión y el enriquecimiento ilícito.
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