Estados Unidos ha emitido una advertencia mediante la cual alerta a las instituciones financieras sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela, y les solicita a éstas reportar cualquier actividad sospechosa, al parecer como un intento de reunir pruebas que permitan imponer sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano.
El 20 de septiembre, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso mediante el cual alertaba a las instituciones financieras acerca de "la corrupción pública generalizada en Venezuela y sobre los métodos que altos funcionarios políticos de Venezuela (y sus socios y testaferros) pueden usar para mover y ocultar las ganancias provenientes de la corrupción".
En la advertencia, la FinCEN describió algunas "banderas rojas" para ayudar a las instituciones financieras a identificar y reportar las actividades sospechosas que pueden indicar "corrupción en Venezuela, incluyendo abusos en contratos del gobierno venezolano".
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La FinCEN ya había recibido varios informes de operaciones sospechosas que se cree que estaban vinculadas a la corrupción en el gobierno de Venezuela. Sin embargo, la advertencia señala que "negocios normales y otras transacciones relacionadas con ciudadanos y empresas de Venezuela no necesariamente representan el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como conectadas con el gobierno venezolano, funcionarios venezolanos y empresas de propiedad del Estado venezolano implicadas en corrupción pública".
Análisis de InSight Crime
La más reciente advertencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre corrupción pública en Venezuela parece ser un intento de Estados Unidos por reunir pruebas contra funcionarios del gobierno venezolano con el fin de continuar imponiendo sanciones contra ellos, en lugar de la polémica estrategia de imponer sanciones generalizadas que podrían profundizar aún más la crisis de la nación suramericana.
Michael McCarthy, investigador de American University, le dijo a InSight Crime que esta advertencia envía un claro mensaje, que "endurece aún más" la posición adoptada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "y cierra la posibilidad de otorgarle financiación en el futuro" al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
McCarthy agregó que este tipo de advertencias "hace parte de los asuntos que todavía tienen un fuerte consenso bipartidista" y "plantea la posibilidad" de más sanciones.
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De hecho, cuando este año Estados Unidos sancionó a varios altos funcionarios de la administración de Maduro por "socavar la democracia", el New York Times informó que la medida "obtuvo el apoyo generalizado en Washington". El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha sancionado al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por su presunta participación en el tráfico de drogas, y recientemente impuso sanciones contra el presidente Maduro.
Esta advertencia también puede ser un intento de reunir evidencia para ser utilizada en juicios criminales en Estados Unidos relacionados con la corrupción en Venezuela. (Algunos de estos ya han dado lugar a sentencias). Durante varios años, las autoridades estadounidenses han estado investigando si la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), otorgó miles de millones de dólares en sobornos a los líderes venezolanos. Y en 2016, funcionarios estadounidenses estaban al parecer "pisándoles los talones" a varios funcionarios del gobierno venezolano sospechosos de aceptar sobornos para otorgar contratos por valores excesivos.
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