Las autoridades de Estados Unidos han expedido nuevas alertas de seguridad para sus ciudadanos que viajan a varios países latinoamericanos. La medida, que pareciera de protección, en realidad indica fallas en las políticas estadounidenses actuales y pasadas dirigidas a hacer frente al crimen y la violencia en la región.
El 10 de enero, la plataforma de información para viajeros del Departamento de Estados de Estados Unidos anunció un nuevo sistema de cuatro niveles para describir las condiciones de seguridad en otros países. El organismo también expidió alertas formales para varios países latinoamericanos, en las que se indicaba que los ciudadanos estadounidenses debían reconsiderar o evitar viajar allí.
El Departamento de Estados pidió a los viajeros que reconsideraran su viaje a El Salvador, debido a los crímenes violentos y la actividad de pandillas. Lo mismo se aplica a los vecinos Guatemala y Honduras.
Las recomendaciones de viaje también se actualizaron para Colombia. Las autoridades estadounidenses alertaron contra el viaje a varios departamentos de Colombia “debido al crimen y al terrorismo”, y solicitaron a sus viajeros que “hicieran uso de precauciones extremas” al visitar el país.
Cinco estados mexicanos — Colima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas — quedaron clasificados en la categoría “No viajar”, por los temores suscitados por sus altos índices de delincuencia, mientras que el gobierno instó a sus ciudadanos a que reconsideraran viajar a otros once estados.
Análisis de InSight Crime
Estados Unidos lleva largo tiempo trabajando con muchos de los países para los que se emitieron alertas, en intentos de reducir sus altos niveles persistentes de criminalidad y violencia. Pero con las nuevas alertas que recomiendan no viajar a estos países, Estados Unidos está en cierta admitiendo que las políticas de seguridad respaldadas por el país muchas veces no han cumplido sus objetivos.
En los países del Triángulo Norte, de El Salvador, Guatemala y Honduras, por ejemplo, Estados Unidos gastó en la última década cientos de millones de dólares en programas de asistencia en materia de seguridad con pocas evaluaciones sobre la efectividad de esa ayuda. Aunque las tasas de homicidios se han visto reducidas recientemente en los tres países, siguen estando entre los países más violentos del mundo.
En la última década, Colombia y México recibieron miles de millones de dólares de Estados Unidos en ayuda para seguridad. Y aunque muchos indicadores de seguridad en Colombia muestran una tendencia positiva, persisten una gran inquietud por el futuro del panorama criminal en el país en medio de un auge enorme en la producción de cocaína. México, por otro lado, experimenta índices de violencia que no se habían visto en años.
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Por supuesto, la política estadounidense difícilmente puede considerarse el único factor que da forma a los resultados en materia de seguridad en Latinoamérica. Pero como lo señaló recientemente InSight Crime, la administración del presidente estadounidense Donald Trump tuvo problemas para hallar su norte en su primer año, con la adopción muchas veces de una retórica contradictoria y políticas contraproducentes.
Por ejemplo, apenas dos días antes de la alerta a los ciudadanos estadounidenses para que reconsideraran su viaje a El Salvador, la administración Trump anunció que en septiembre de 2019 revocará el amparo migratorio concedido a los salvadoreños luego de un par de terremotos ocurridos en 2001, lo que pone a casi 200.000 inmigrantes en riesgo de deportación al país centroamericano azotado por las pandillas.
Los delegados del gobierno dijeron que la decisión obedecía a una determinación de que “las condiciones originales causadas por los sismos del 2001 ya no existen”, y que ya está resuelta “la incapacidad temporal de El Salvador para devolver a sus ciudadanos en condiciones adecuadas luego del terremoto” (La administración adoptó argumentos similares el año anterior al poner fin a las protecciones ofrecidas a los haitianos luego del terremoto de 2010 en ese país, y está considerando si cancela o no las protecciones para hondureños y nicaragüenses).
Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales, incluyendo a InSight Crime, han sostenido que esa acción seguramente exacerbará los ya altos índices de inseguridad en El Salvador, y paradójicamente podría provocar más desplazamientos y migración.
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