¿Afrontará la extradición el nuevo exgobernador capturado en México?

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Las autoridades mexicanas arrestaron a un exgobernador del atribulado estado de Tamaulipas por acusaciones de desvío y malversación de fondos públicos. Su captura suscita interrogantes sobre aspectos como el momento de su arresto, y si responderá ante la justicia en México.

El 6 de octubre, la policía del estado de Tamaulipas detuvo en Ciudad Victoria a Eugenio Hernández Flores, quien fungió como gobernador del estado de Tamaulipas entre 2005 y 2010, según un comunicado de prensa de la Procuraduría General local.

En una escena de película, se dice que Hernández Flores fue capturado cuando iba en su motocicleta BMW acompañado de un grupo de amigos. Varios helicópteros lo cazaron y hombres encapuchados salieron de una camioneta para interceptar al exgobernador en el lugar, según informó Animal Político.

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Las acusaciones que llevaron a su captura tienen origen en la presunta compra que hiciera Hernández Flores de un lote de tierra de 1.600 hectáreas con dineros públicos, según el comunicado.

La tierra, originariamente de propiedad estatal, está avaluada en unos 1.584 millones de pesos mexicanos (alrededor de US$85.000) y está situada en el puerto de Altamira —una de las cinco terminales marítimas más importantes de México— a lo largo de la costa del Golfo. Según un boletín divulgado el 7 de octubre, la tierra fue expropiada por el gobierno federal en 1996; luego se transfirió al Fideicomiso Nuevo Santander en 2002. Ese mismo año, la fiduciaria vendió el terreno a un “particular”, y posteriormente se vendió a otra persona cinco años después, durante la administración de Hernández Flores. Se dice que ahora la tierra fue expropiada por las autoridades del estado.

Hernández Flores también es requerido en Estados Unidos; en 2015 fue acusado junto con su cuñado de dirigir un presunto esquema de lavado de dinero, mediante el cual se blanqueó alrededor de US$30 millones.

Análisis de InSight Crime

Hernández Flores es uno más de los exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto que enfrenta cargos por presunta actividad criminal. El estado que él administró —Tamaulipas— y sus élites tienen un extenso prontuario y una relación compleja con el crimen organizado.

Antes de Hernández Flores, en abril, Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2005, fue arrestado en Italia por cargos que van desde narcotráfico hasta lavado de activos tanto en México como en Estados Unidos. Yarrington comparecerá en juicio en Estados Unidos.

Está por ver si se obligará a Hernández Flores a hacer lo mismo. Las noticias en Estados Unidos indican que podría estarse preparando una orden de extradición para él. A menos que sea extraditado, es probable que su caso en México tenga impacto limitado, pues se lo está procesando en una jurisdicción estatal, no federal.

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Es interesante el momento en el que ocurre el arresto de Hernández Flores. Fue capturado pocos días después de que las autoridades estatales emitieran una orden de captura en contra suya, a comienzos de octubre, pero las autoridades estadounidenses buscan al exgobernador desde 2015. En un episodio que se considera una muestra de la incapacidad de las instituciones de gobierno estatal y federal para castigar con dureza la corrupción, se dice que Hernández Flores aparece en una fotografía votando en las elecciones para gobernador de junio de 2016, a pesar de estar en la lista de buscados de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en ese momento.

La captura del exgobernador puede deberse en parte a la presión del nuevo gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien hace parte del opositor Partido Acción Nacional (PAN). Él basó su campaña en un proyecto anticorrupción y puede estar intentando implementarla en un estado que por primera vez en su historia moderna tiene un gobierno de un partido diferente al PRI.

En todo el país, la reciente persecución del PRI contra exgobernadores corruptos, como Yarrington y Javier Duarte (exgobernador del estado de Veracruz) ha sido interpretada ampliamente como un intento de limpiar la casa antes de las elecciones que se avecinan en 2018. Solo en 2016, se abrieron casos por corrupción a cinco exgobernadores mexicanos, que fueron en determinado momento miembros del PRI.

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