Durante este año, más de 100 agentes de seguridad de Venezuela han sido vinculados a casos de extorsión, lo cual refleja la frágil situación nacional y la grave crisis económica.
Según El Nacional, unos 38 casos de extorsión, que involucran a 121 miembros de las fuerzas de seguridad, fueron denunciados entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año. Sin embargo, se cree que la cifra real es mucho mayor, ya que la extorsión es uno de los delitos que menos se denuncian en el país, agregó el diario venezolano.
En total, fueron implicados oficiales de 15 diferentes agencias de seguridad. Con 46 agentes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue la agencia con más funcionarios implicados, seguida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 26.
Algunos de los casos más sobresalientes incluyen la retención de vehículos de civiles por parte de la policía para pedir rescates, y el arresto de personas cuando no podían pagar los pagos extorsivos.
Según Sergio González, exjefe de investigaciones internas del CICPC, la extorsión siempre ha sido un delito común en las fuerzas de seguridad de Venezuela, pero ha incrementado notablemente debido al deterioro de las condiciones económicas y a fallas en la selección de nuevos agentes.
"Es lamentable, pero ya no se ve compromiso en los nuevos agentes. Pareciera que solo están detrás del dinero", afirmó González.
Análisis de InSight Crime
No es inusual que se presenten este tipo de denuncias de corrupción en Venezuela, inclusive en las altas esferas del poder. Pero a diferencia de las actividades de narcotráfico controladas por militares —a lo que frecuentemente se conoce como el "Cartel de los Soles"—, los casos de extorsión cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad tendrían relación con el gobierno y la crisis económica del país.
En 2011, Venezuela desmanteló la Policía Metropolitana de Caracas, como parte de las reformas para combatir la corrupción policial. Y a pesar de estos esfuerzos, las fuerzas de seguridad —en particular la PNB y el CICPC— han sido acusadas de cometer crímenes como extorsión, secuestro y terribles ejecuciones extrajudiciales.
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Al parecer, el problema se presenta en gran parte por dificultades en el entrenamiento y el salario de los agentes, incluyendo un periodo de siete meses en 2014 en el que no se les pagó a los policías. Por lo tanto, los agentes estarían usando su posición para cometer crímenes que les permitan compensar sus bajos salarios.
Desafortunadamente, la crítica economía venezolana le ha dejado al gobierno —que pareciera estar más interesado en una postura política que en una verdadera reforma policial— pocos recursos para resolver la situación.
En lugar de concentrarse en mejorar las fallidas políticas, el gobierno de Venezuela ha decidido culpar al vecino país de Colombia por sus problemas económicos y de seguridad. Sin ninguna reforma seria a la vista, y mientras la economía venezolana colapsa y la hiperinflación causa estragos, la corrupción policial seguirá empeorando.