Los altos niveles de violencia y de enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas de seguridad muestran la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta Venezuela, una crisis que parece intensificarse en tanto el presidente Nicolás Maduro se centra en reprimir la disidencia política, en lugar de luchar contra el crimen.
Setenta cadáveres fueron llevados a la morgue de Bello Monte, en Caracas, durante los primeros siete días de junio, informó El Nacional. El fin de semana del 5 al 7 de junio fue particularmente terrible, y 27 cuerpos fueron llevados a la morgue, según El Nacional.
La violencia ha afectado a algunos de los sectores más vulnerables de la población venezolana. Al menos 70 mujeres y 115 menores de edad han sido asesinados en lo que va de este año en el área metropolitana de Caracas.
La policía también ha sido objeto de fuertes ataques; 59 oficiales han sido asesinados en Caracas en lo que va de 2015, informó El Nacional. El 6 de junio, cuatro personas fueron presuntamente heridas después de que una granada explotara a pocos metros de una estación de policía en el estado occidental de Táchira. Por segunda vez en pocos meses, funcionarios de varias unidades de la policía le pidieron al gobierno mayor protección para los agentes, que podrían ser atacados durante una protesta este fin de semana.
Análisis de InSight Crime
Pese a que la violencia y el crimen siguen asolando a Venezuela, parece que el presidente Maduro está más concentrado en la agitación política en el país que en la precaria situación de seguridad. Maduro ya ha demostrado su preferencia por priorizar las políticas de seguridad motivadas políticamente por encima de estrategias para reducir los homicidios en Venezuela, que ya es considerada una de las naciones más peligrosas de Latinoamérica
Maduro ha enfrentado varias conmociones políticas en los últimos meses. En mayo el Wall Street Journal informó que fiscales estadounidenses estaban investigando a varios altos funcionarios venezolanos —incluyendo a uno de los líderes políticos más poderosos del país, Diosdado Cabello— por su supuesta participación en el tráfico de drogas. Así mismo, Maduro recientemente canceló un viaje al Vaticano para visitar al Papa Francisco, luego de que la Iglesia Católica y grupos defensores de derechos al parecer instaran al pontífice para que se refiriera a los abusos de derechos humanos en Venezuela. El gobierno también negó las solicitudes de los ex presidentes Andrés Pastrana de Colombia y Sebastián Piñera de Chile para reunirse con el encarcelado líder de la oposición Leopoldo López.
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El crimen organizado ha demostrado su habilidad para utilizar la agitación política y económica y la corrupción en Venezuela para aprovecharse prácticamente de cualquier situación, desde explotar las políticas económicas a través del contrabando hasta beneficiarse de las debilidades institucionales para convertir al país en un centro de tránsito de drogas. Es posible que tales fuerzas busquen de nuevo sacar ventaja de la preocupación de Maduro por su posición política.
Mientras tanto, las recientes protestas de la policía por el alto número de muertes de oficiales son una indicación de los insuficientes recursos que la administración Maduro está destinando para mejorar la seguridad ciudadana. El alto riesgo del oficio y los bajos salarios han llevado a la dimisión del 30 por ciento de la fuerza policial en Sucre, municipio de la zona metropolitana de Caracas, desde 2012.
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