Acusaciones recientes contra un exalcalde de El Salvador por intercambio de propiedades con un narcotraficante son una prueba más de los fuertes lazos entre la política y el crimen organizado en el país, y ponen en evidencia una nueva dinámica de corrupción más sofisticada.
Juan Umaña Samayoa, exalcalde del municipio de Metapán, noroeste del país, está acusado de intercambiar terrenos con Isaac García Lemus, presunto jefe de una red internacional de tráfico que las autoridades desarticularon el 13 de marzo de 2018.
Umaña Samayoa resultó implicado luego de que autoridades confiscaron siete propiedades de García Lemus, una de las cuales había pertenecido al exalcalde. La División Antinarcóticos (DAN) de El Salvador abrió la investigación de la red criminal luego de que se confiscaran cocaína y cigarrillos de contrabando a su ingreso a El Salvador desde Guatemala.
No es la primera denuncia penal contra el exalcalde, que se encuentra prófugo desde abril de 2017, luego de ser acusado de lavado de dinero por medio de una firma de bienes raíces conectada con José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, el empresario salvadoreño conocido como uno de los fundadores y jefe del cartel Texis.
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El año pasado, Umaña inauguró una vía recién pavimentada colindantes con las propiedades a nombre de la red de contrabandistas, y las autoridades identificaron esa vía como ruta de tráfico hacia Guatemala.
Análisis de InSight Crime
El cambio de tierras hecho por Umaña con García implica un grado de corrupción más sofisticado que podría existir en las oficinas administrativas del país, como notarías, catastros u otros organismos burocráticos.
Más aún, más que un intento de ayuda a las pandillas locales, el cambio de tierras de Umaña en este caso fue un intento para fomentar una red de tráfico transnacional. Las conexiones del exalcalde con Chepe Diablo indican que grupos internacionales, como el cartel Texis podrían tener cierta influencia sobre la política municipal de El Salvador, aunque es difícil determinar su alcance con exactitud.
Las denuncias de nexos entre políticos y redes criminal en El Salvador no son nuevas, en particular en el ámbito local.
El alcalde de Apopa —en las afueras de San Salvador— fue arrestado en 2017 presuntamente por fomentar redes de extorsión. Otro alcalde asociado con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) , Lucio Edwin Ayala, fue detenido la semana pasada por su presunta participación en una red de narcotráfico en el municipio de San Antonio de la Cruz, al norte del país.
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Hilos de corrupción similares alcanzaron la escena nacional cuando, en 2016, se conocieron videos donde aparecían miembros del partido de gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ofreciendo US$10 millones en microcréditos a líderes de pandillas a cambio de su apoyo en las elecciones de 2014.
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