La Corte Constitucional de Guatemala rechazó una petición que le habría concedido al menos un alivio temporal al presidente Otto Pérez Molina de la investigación por corrupción que se adelanta en el Congreso. La decisión plantea interrogantes sobre el futuro incierto del liderazgo político en un país que ya enfrenta serios desafíos de seguridad y gobernanza.
La decisión tomada el 30 de junio rechaza oficialmente lo que se conoce como un "recurso de amparo", o un mandato judicial, presentado por Pérez Molina para detener la investigación del Congreso, anulando efectivamente el juicio político que se había iniciado contra él.
Durante meses, Pérez Molina y su administración han sido acosados por una serie de escándalos de corrupción de alto perfil. Uno involucra al Instituto de Seguridad Social del país y el otro involucra a la agencia de aduanas de Guatemala.
La Vicepresidenta Roxana Baldetti renunció en mayo después de que el Tribunal Supremo dictaminara por unanimidad que había suficiente evidencia que potencialmente la vinculaba con las acusaciones de corrupción, justificando así el despojo de su inmunidad y sometimiento a investigación del Congreso. Esta última decisión de la Corte en relación con la inmunidad de Pérez Molina lo expone a un escrutinio similar del Congreso.
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Otros países de la región también han estado enfrentando acusaciones de corrupción similares que involucran a altos dirigentes políticos. La Corte Suprema de Justicia de Honduras recientemente emitió órdenes de captura contra 16 personas presuntamente involucradas en un escándalo de corrupción en el Instituto de Seguridad Social hondureño, incluyendo a Lena Gutiérrez, la vicepresidenta del Congreso del país.
Análisis de InSight Crime
El fallo de la Corte de Guatemala es ciertamente un duro golpe para Pérez Molina, destacando el grado en que los vientos políticos ahora se mueven en contra del presidente. Todo esto se produce luego de meses de manifestaciones públicas y protestas que piden la renuncia del presidente, galvanizado bajo el hashtag #RenunciaYa.
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Pero si bien este tipo de fallo en contra de un presidente sospechoso de corrupción es una especie de victoria en la lucha contra la impunidad en el Triángulo del Norte, también plantea serias dudas sobre el liderazgo político en un país que enfrenta profundas preocupaciones en términos de seguridad y crimen organizado.
Debido a que muchos de los aliados del presidente han sido detenidos o han renunciado — incluyendo a su más alto funcionario de seguridad, el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla —, diferentes asuntos problemáticos necesitan de atención, como la reforma a la policía, que está paralizada y que probablemente continuará así mientras Pérez Molina enfrenta estos desafíos políticos y legales.
Honduras está pasando por momentos turbulentos similares.
El escándalo político ha entrampado a estrechos colaboradores del presidente Juan Orlando Hernández y de su partido político. Mientras tanto, las estrategias de seguridad, los procesos de reforma (también, más notablemente, en la policía), y los cambios legislativos necesarios en las importantes leyes de seguridad están en espera.
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