Alta inseguridad y bajos niveles de denuncia: mezcla letal en México

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La reticencia de las víctimas a denunciar los crímenes en México, documentada en una encuesta reciente, ha arrojado luz sobre los niveles de desconfianza que tradicionalmente han existido con respecto a las instituciones del país y aumenta los retos en materia de seguridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi un año después de asumir el cargo.

Se estima que 24,7 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de delitos en México en 2018, y que el 78 por ciento de ese grupo etario se sentía en riesgo de ser víctima de algún delito. Además, en el 93,2 por ciento de los casos criminales, o bien la víctima no denunció el crimen o las autoridades no abrieron una investigación.

Según el estudio, el robo callejero o los atracos fueron el delito más común (28,5 por ciento) y la extorsión aparece en segundo lugar (17,3 por ciento), seguida del fraude (14,3 por ciento) y el robo de automóviles (11,5 por ciento).

Las cifras de 2017 fueron ligeramente superiores, con cerca de 25,4 millones de víctimas de delitos y casi el 78% de las personas con percepción de inseguridad. Pero el nivel estimado de ausencia de denuncia de crímenes se mantuvo igual.

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Los resultados provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), realizada en más de 100.000 hogares entre marzo y abril de 2019 por la Agencia Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.

El estudio no se centró en los crímenes violentos cometidos específicamente por grupos del crimen organizado.

Análisis de InSight Crime

Los altos niveles de criminalidad y violencia han sido uno de los mayores desafíos de Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) desde que asumió el cargo hace casi un año, en diciembre de 2018.

México tuvo en 2018 algunas de las tasas de homicidios más altas en la historia del país, y está a punto de registrar un nuevo aumento de la violencia en 2019.

Aunque la encuesta más reciente del INEGI muestra una leve mejora en comparación con el año anterior, los bajos niveles de denuncia no deberían ser motivo de sorpresa.

Según el estudio oficial, el 31,7 por ciento de las víctimas de delitos dijeron que no denunciaron porque consideraban que era una “pérdida de tiempo” y el 17,4 por ciento dijo que “no confiaba en las autoridades”.

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Esto no es sorprendente, en especial dada la larga historia de corrupción profundamente arraigada en México, la colusión oficial con grupos criminales y la impunidad sistemática.

México fue uno de los países con peor clasificación en el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI) del Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El informe evalúa la eficacia del proceso de denuncia e investigación de los crímenes, así como la frecuencia con la que se ejerce justicia frente al perpetrador, la víctima o ambos.

Entre los factores que se tienen en cuenta se encuentran la funcionalidad y capacidad de actuación del sistema judicial, el número de fiscales, jueces y agentes de policía, y las estrategias de prevención del crimen, todos los cuales necesitan refuerzo en México.

Una estadística, según la cual el acumulado de homicidios de México tardaría 124 años para ponerse al día en la resolución de casos, muestra lo alarmante de la situación.

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