El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reinstauró recientemente el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), lo que da esperanzas de que se haga un esfuerzo real por descubrir las fosas clandestinas. Pero la promesa deja más interrogantes que respuestas por la complejidad de la implementación de este proyecto.
A finales de marzo, López Obrador declaró que el gobierno federal destinará recursos ilimitados para la búsqueda de unos 40.000 desaparecidos. Además, el programa también destinará fondos para asistir el limitado sistema forense del país, que actualmente tiene problemas para identificar más de 26.000 cuerpos que llegan sus morgues.
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El anuncio hecho por AMLO fue bien recibido por múltiples ONG y por las Naciones Unidas. Los activistas están de acuerdo en que una destinación de recursos adecuada daría a familias y grupos de búsqueda la oportunidad de explorar las más de 1.300 fosas clandestinas cuya existencia ya se conoce en el país y de encontrar muchas más.
En un intento por garantizar el éxito del SNBP, se prevé que cada estado cree un comité de búsqueda con ayuda del gobierno federal, y López Obrador anunció que estos se habrán creado antes de septiembre.
El presidente añadió que, en los próximos tres meses, se reuniría con familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y expertos para verificar los avances.
Análisis de InSight Crime
Pese al compromiso de López Obrador de hacerle frente a la difícil situación de las desapariciones forzosas y las fosas clandestinas, reinstaurar el SNBP deja más preguntas sobre lo que seguramente será una batalla colosal para implementar este programa.
En la década anterior, la ardua tarea de descubrir y explorar las fosas clandestinas la realizaron en su mayoría las familias de los desaparecidos y ONG que los apoyaban. Esto cobró relieve en los recientes descubrimientos de cadáveres en fosas comunes en zonas como Sinaloa, Oaxaca, Colima, Veracruz y Sonora, entre otras.
De estas, una de las más notorias es una fosa común descubierta en Colinas de Santa Fe, zona urbana de Veracruz, donde un grupo de familias llamado el Colectivo Solecito de Veracruz descubrió más de 300 restos humanos. Un miembro del grupo denunció públicamente la falta de apoyo y ayuda de la Fiscalía General del Estado.
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La promesa del presidente de entregar recursos ilimitados para esta misión no brinda respuestas claras a las múltiples preguntas que rodean la implementación del programa. ¿Cómo trabajarán el gobierno federal y los 31 estados de México junto con ONG y familias para garantizar el uso adecuado de los recursos? Y dado que estas fosas muchas veces están ubicadas en zonas donde operan carteles, ¿cómo garantizará el gobierno la seguridad de quienes participan en los esfuerzos de búsqueda?
El 30 de marzo, Abiram Hernández Fernández, activista local y fuerte defensor de las familias en la búsqueda de desaparecidos, fue asesinado en Veracruz.
Falko Ernst, analista principal del International Crisis Group, señaló a InSight Crime que “simbólicamente, este es un salto importante en la dirección correcta en comparación con la obstrucción y la negación de las anteriores administraciones".
Es claro que esta es prioridad para López Obrador, y las familias de los millares de víctimas se aferran a la esperanza de que esta no sea otra vana promesa de una larga lista del gobierno mexicano.
El "radio de acción [del SNBP] solo llegará hasta donde el gobierno federal tenga la capacidad y la voluntad de brindar protección", agregó Ernst.
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