Las denuncias de tortura y malos tratos por parte de los agentes de seguridad de México han crecido cerca de un 600 por ciento con respecto a la década pasada, según Amnistía Internacional (AI), lo cual en parte está conectado a la militarización de la guerra contra las drogas en el país.
Según un informe de Amnistía Internacional (pdf) publicado el 4 de septiembre, los casos de tortura y malos tratos por parte de los agentes de seguridad de México han aumentado drásticamente entre 2003 y 2013. Hubo 1.505 casos reportados de tortura o abuso en 2013, representando cerca de un incremento del 600 por ciento frente a los 219 casos de tortura y abuso reportados en 2003.
El informe también detalla la falta de progreso en la investigación de los casos de tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México verificó menos del uno por ciento de las quejas que recibió con respecto al abuso policial. Mientras tanto, ninguna de las 7.164 quejas de 2010 a 2013 terminó en convicciones bajo cargos de tortura.
Según el informe, los casos de tortura y abuso empezaron a crecer significativamente desde 2006, cuando el gobierno mexicano empezó su llamada “Guerra contra las Drogas”. “El despliegue en gran escala del ejército y de miembros de la marina en los últimos años para combatir la delincuencia organizada es un factor clave en el aumento del uso de la tortura”, afirma el informe.
Análisis de InSight Crime
Desde que comenzó el ataque contra el crimen organizado en 2006, las autoridades han dependido del entrenamiento militar de las fuerzas policiales como una manera de ayudar a preparar a la policía local para enfrentar a los carteles de la droga. Sin embargo, Amnistía Internacional no es la primera organización no gubernamental en trazar una conexión entre una fuerza policial militarizada y el incremento en los abusos contra los Derechos Humanos por parte de los agentes de seguridad de México.
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En la práctica, el presidente Enrique Peña Nieto no se ha alejado mucho del enfoque altamente militarizado favorecido por el expresidente Calderón, aunque Peña Nieto ciertamente ha disminuído el énfasis en las políticas de seguridad en contraste con su predecesor. En el centro de la estrategia de seguridad de Peña Nieto ha estado la creación de la gendarmería, que tiene como objetivo disminuir la dependencia de México en el uso del ejército contra los narcotraficantes. Sin embargo, aún no es claro si la gendarmería –la cual depende en gran parte de antiguos soldados para llenar sus filas- tendrá éxito.
También vale la pena considerar nombramientos como la contratación de un comandante de las fuerzas especiales del ejército para liderar las severas medidas de seguridad en el estado de Michoacán el año pasado. Una medida como ésta va en contra de su enfoque presuntamente más suave en el combate contra el crimen organizado.
Otras voces en la región han hecho un llamado a implementar una estrategia diferente. Durante una reunión en 2013 de oficiales y expertos en la región –que incluyó la participación de representantes de México- aquellos que atendieron hicieron un llamado a la desmilitarización de las fuerzas policiales, citando su inefectividad para controlar la violencia y su inclinación a cometer violaciones contra los Derechos Humanos.
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