Una investigación en Paraguay ha develado que existe corrupción policial generalizada y sistemática en una importante región para el cultivo de marihuana en la frontera con Brasil, destacando la corrupción institucionalizada que facilita el tráfico de drogas en el mayor productor de marihuana en Suramérica.
Según un sondeo sobre corrupción policial consultado por ABC Color, los agentes de policía en el departamento paraguayo de Canindeyú suelen aceptar sobornos de los narcotraficantes y deben pagar cuotas mensuales a sus superiores, incluyendo “autoridades políticas” del departamento. ABC Color no informa si este sondeo consistió en una investigación interna de la policía o en una consulta de otra institución gubernamental.
Según el periódico, las cantidades pagadas a los narcotraficantes varían según la ubicación de la unidad policial con relación a la rentabilidad de las rutas de narcotráfico, y van desde cerca de US$84 al mes en el centro del departamento a US$1.267 en la frontera con Brasil (vea el mapa de ABC Color que muestra las estaciones de policía en Canindeyú y los sobornos que pagan).
El senador Luis Alberto Wagner, que trabaja para la comisión creada para investigar el reciente asesinato de un periodista que cubría temas de narcotráfico, afirmó en una emisora de radio que los policías corruptos de Canindeyú están protegidos por el poder judicial y algunos políticos, específicamente por la diputada María Cristina Villalba, quien representa al departamento en la Cámara baja del Congreso, y su hermano Carlos.
Tres días después de que ABC Color presentara la primicia sobre esta red de corrupción, el jefe de policía del departamento de Canindeyú ordenó por lo menos diez cambios de personal en cargos claves de la policía.
Análisis de InSight Crime
La red de corrupción develada por ABC Color pone de relieve un tipo de corrupción institucionalizada que ha facilitado el tráfico de drogas en Paraguay y les ha permitido a las organizaciones criminales actuar en la impunidad.
El asesinato del periodista Pablo Medina, que ocurrió en el departamento de Canindeyú y fue presuntamente ordenado por un alcalde local debido a las divulgaciones de Medina sobre el narcotráfico, ha llevado a un mayor escrutinio sobre los presuntos vínculos entre funcionarios oficiales y grupos criminales. Después de la muerte de Medina, tanto el Senado de Paraguay como el jefe de La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay han expresado preocupaciones sobre la corrupción oficial.
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Además de la diputada Villalba, quien es acusada de dirigir una red que protege a asesinos y narcotraficantes, recientemente tres diputados han sido vinculados con grupos narcotraficantes brasileños, y un diputado suplente presuntamente ha sido identificado como la mano derecha del narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”.
La corrupción parece extenderse fuera del Congreso de Paraguay. En 2013, jueces en la región de la Triple Frontera paraguaya fueron acusados de dictarles sentencias indulgentes a los narcotraficantes, mientras que el año pasado varios policías de alto rango fueron acusados de vender drogas y armas incautadas.
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