Los fiscales respaldados por las Naciones Unidas en Guatemala han presentado una nueva ronda de cargos contra altos mandos del anterior gobierno del país, que asimilan la administración a una mafia del crimen organizado, donde el expresidente Otto Pérez Molina, en la cárcel, hacía el papel de capo.
La fiscal general Thelma Aldana describió a grandes rasgos el caso denominado "Cooperacha" en conferencia de prensa el 11 de junio, en el que por lo menos cinco ministros y el director del Instituto de la Seguridad Social en la administración de Pérez Molina aportaron un total de más de US$4,7 millones en un periodo de tres años para darle lujosos regalos de cumpleaños.
Aldana dice que el dinero se usó para comprar al expresidente un yate en 2012, una lujosa casa en la playa en 2013, y un helicóptero de US$3,5 millones en 2014.
ElPeriódico informó que los bienes se entregaron al presidente en fastuosas celebraciones para celebrar su cumpleaños el 1 de diciembre, e incluyeron también un Jaguar blindado, una Harley Davidson y tres cuatrimotos.
Citando la “lógica perversa” de la administración de Pérez Molina, Aldana dijo que los regalos fueron comprados con la intención de “agradar al jefe” muy a la usanza de (miembros) de estructuras de delincuencia organizada que garantizan su permanencia dentro de la jerarquía y su permiso de operación mediante el otorgamiento de dádivas al jefe de la organización”. El Ministerio Público de Aldana declaró en el comunicado de prensa que los regalos se pagaron en efectivo en su mayor parte “para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero” y que gran parte de este provino del erario público.
A un lado de la fiscal general en la conferencia de prensa estuvo el actual ministro del interior Francisco Rivas e Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las Naciones Unidas.
Velásquez dijo que cinco ministros aportaron US$100.000 cada uno para comprar a la exvicepresidenta Roxana Baldetti una villa vacacional en la isla hondureña de Roatán. Rivas detalló la lista de exfuncionarios que enfrentan cargos de asociación para delinquir y lavado de dinero en el caso: Pérez Molina; Baldetti; Manuel López y Ulises Noé Anzueto, defensa; Mauricio López Bonilla, interior; Alejandro Sinibaldi, comunicaciones; Erick Archila, minas y energía; y Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto de Seguridad Social.
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A Pérez Molina y Baldetti se los acusa de organizar el cobro de los regalos del otro. El entonces secretario personal de Baldetti, Juan Carlos Monzón, presuntamente pasaba por los respectivos ministerios para cobrar el dinero en efectivo, en ocasiones en bolsas y por lo menos una vez en un estacionamiento, y coordinaba las subsiguientes compras.
El Ministerio Público informó que tres de los exministros fueron arrestados el fin de semana y que Guatemala ha solicitado a la Interpol que emita órdenes internacionales de captura contra otros dos que se cree están en Estados Unidos e Italia. Pérez Molina y Baldetti ya estaban en la cárcel por otros casos.
Análisis de InSight Crime
“Cooperacha” sigue al caso de finanzas ilegales para campañas “Cooptación del Estado” y “La Línea”, en la que antiguos directivos y numerosos funcionarios y colaboradores han sido acusados de cobrar sobornos mediante un fraude aduanero.
En un cuarto caso, los fiscales han alegado que Pérez Molina y Baldetti cobraron coimas multimillonarias para otorgar un contrato a una firma española para administrar una instalación portuaria de contenedores. En conjunto, los casos ilustran lo que un experto en derecho internacional consultado por InSight Crime definió como “una cleptocracia clásica”. Los casos alegan que el grupo violó los derechos democráticos del pueblo haciéndose al poder con argucias y luego usaron sus cargos para sacar provecho de ellos en forma sistemática, ya por el robo de recursos públicos, ya por sobornos y coimas.
No puede caber duda de que el esfuerzo internacional para ayudar a Guatemala a enfrentar la corrupción y la impunidad está rindiendo amplios dividendos. Sin ese respaldo internacional, es poco probable que los fiscales nacionales se atrevieran a capturar a estos miembros claves de la élite política del país y arrojar tanta luz sobre la “corrupción estructural” que aflige al pobre país centroamericano. Miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra la corrupción, dándoles respaldo adicional.
Los observadores ahora están ansiosos por ver hasta dónde la CICIG y el Ministerio Público podrán rastrear los dineros, y si pueden implicar a miembros de la élite económica de Guatemala —anteriormente conocida como su oligarquía—de quienes no cabe duda de que ayudaron a financiar algunos de estos esquemas para sus propios intereses.
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