Se han desestimado las acusaciones contra cuatro soldados en la masacre de 2014 en Tlatlaya, en la que presuntamente militares de México ejecutaron a 22 personas después de capturarlas.
Según AP, un juez federal determinó que la evidencia era insuficiente para enjuiciar a un teniente y a tres soldados por encubrir las posibles ejecuciones extrajudiciales de los sospechosos de pertenecer a una pandilla.
La decisión de retirar las acusaciones contra los cuatro soldados se dio después de que sus abogados demandaran una revisión del caso aduciendo "violación al debido proceso", informó Animal Político. Dado que los soldados también enfrentan acusaciones castrenses, no saldrán inmediatamente de prisión.
El tribunal, entre tanto, notificó que aún juzgará a otros tres soldados implicados en las muertes, según informes de El Universal.
El caso atrajo la atención generalizada. El ejército afirmó inicialmente que los sospechosos pandilleros habían caído muertos después de abrir fuego contra los soldados, pero la evidencia subsiguiente ofreció una historia más complicada.
Los testimonios de los tres sobrevivientes y otros alegaron que el ejército disparó primero, que la mayoría de los muertos eran civiles, y que los militares superiores sabían de la situación y pueden haber buscado encubrir el incidente.
El 2 de julio de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México divulgó un informe (pdf) que afirmaba que los militares mexicanos tenían órdenes de "abatir delincuentes" en el área de Tlatlaya. Este informe se basó en testimonios de testigos, así como con documentos oficiales. El informe demandó que se investigara la responsabilidad de los militares en las acciones.
Análisis de InSight Crime
El caso es una señal para quienes se preguntan qué tratamiento dará el gobierno mexicano a las acusaciones generalizadas de ejecuciones extrajudiciales por parte de sus fuerzas de seguridad. Hasta el momento, los resultados son variados. El retiro de los cargos a los cuatro soldados es normal en los casos que implican a militares en México. Pero la investigación a los otros tres soldados acusados puede deparar algo de culpabilidad a los roles que jugaran los efectivos en los asesinatos y podría sentar un precedente para futuras investigaciones.
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El caso también da cuenta de cómo la incapacidad de México para recabar evidencia forense sólida sigue perjudicando a los fiscales. Aun cuando en el caso Tlatlaya había evidencia balística y documentos oficiales, la investigación oficial dio la mayor importancia a los testimonios de los testigos. Un abogado de la defensa declaró que los testimonios de los tres sobrevivientes se contradecían. En repetidas ocasiones, los juzgados en México han ignorado la evidencia testimonial, incluyendo el caso de Ayotzinapa, sobre la desaparición 43 estudiantes, para refutar acusaciones contra las fuerzas de seguridad y otros.
Sin mayor evidencia material y forense que corrobore las declaraciones, el juzgado puede desestimar todos los cargos contra los soldados que quedan con la facilidad con la que desestimaron las acusaciones de encubrimiento.
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