Una investigación en Perú ha expuesto el indulto de toda una red de narcotráfico, ampliando la investigación sobre las denuncias de que miembros del gobierno del expresidente Alan García aceptaron sobornos para reducir las sentencias.
El grupo, que vendía y traficaba heroína y cocaína en la región de Cajamarca al norte del país, fue desmantelado por la policía peruana entre 1999 y 2002, y recibió penas severas. No obstante, en 2009 se redujeron las condenas y fueron puestos en libertad, informó La República.
Las sentencias reducidas fueron expuestas luego de que el programa de televisión El Cuarto Poder mostrara una visita a la cárcel en 2009 por Aurelio Pastor, el ministro de Justicia en ese momento, en donde se le ve hablando con algunos miembros del grupo. El video no es concluyente, pero muestra a Pastor hablando alegremente con los prisioneros acerca de si han sido "buenos" durante su tiempo en la cárcel.
El momento de la visita fue afortunado para los prisioneros. Se redujeron las sentencias, con la aprobación definitiva proveniente del mismo presidente García, durante los meses siguientes.
Análisis de InSight Crime
García tiene un historial de encuentros cercanos con investigaciones sobre corrupción. Su primera presidencia (1985 - 1990) enfrentó numerosas acusaciones de corrupción, de las cuales todas fueron desestimadas o archivadas. También está siendo investigado actualmente por una hermosa y multimillonaria casa que compró en Lima.
El llamado escándalo de "pago por indultos" estalló a principios de este año cuando se supo que 400 narcotraficantes hacían parte de las 5.500 personas indultadas durante su mandato entre 2006 y 2011. Posteriormente García afirmó que los únicos narcotraficantes liberados eran pequeños criminales, y que su liberación buscaba aliviar el hacinamiento carcelario, algo que se está volviendo común a nivel mundial, incluso en Estados Unidos. Y García ha dicho que estas investigaciones son de carácter político, ya que el dos veces presidente parece estar buscando un tercer mandato a la presidencia en 2016.
Sin embargo, la evidencia está aumentando. Un traficante convicto, que se convirtió en informante de la DEA, afirmó que posteriormente le fue cobrada una cuota de 150.000 para reducir su pena de 25 a 15 años. Aunque el APRA refutó esas afirmaciones, la posterior recaptura de 85 de los 400 narcotraficantes liberados, después de que se encontró que habían reincidido en el narcotráfico, algunos de alto nivel, ha puesto en duda las afirmaciones relativas a su estatus de pequeños criminales.
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