El proceso de elección del nuevo fiscal general en Honduras ya genera preocupaciones en la sociedad civil, pues los pocos candidatos que aspiran al cargo y el corto tiempo de selección dificultan la posibilidad de elegir a una persona idónea para continuar lucha anticorrupción.
El 25 de abril, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) organizaron el foro “Por un Fiscal General Cinco Estrellas”, al que asistieron miembros de la sociedad civil hondureña, así como José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y Jorge Padilla, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Durante la sesión, los ponentes definieron el perfil que consideran que el próximo fiscal general de Honduras debería tener y demandaron a las autoridades hondureñas que el proceso de selección se realice con transparencia y con el tiempo suficiente para tomar la mejor decisión.
“A la clase política hondureña le digo que tiene la responsabilidad de no elegir con prontitud, deben tener conciencia en elegir a una persona que rinda al cargo que es seleccionado”, dijo el representante de IIDH, según el diario Proceso.
El próximo fiscal general de Honduras será elegido por el Congreso Nacional antes de septiembre, luego de que la Junta Proponente, una entidad conformada por siete miembros de instituciones judiciales, académicas y de la sociedad civil, nomine a los cinco mejores candidatos al puesto. El 30 de abril es la fecha límite que decidió la Junta para inscribir a todos los aspirantes que serán considerados, pero unos días antes del cierre solo hay dos registros.
Según reportó Proceso, Carlos Hernández, de la ASJ, dijo que si antes de la fecha límite no hay suficientes candidatos “demandarán a la Junta Proponente ampliar el plazo [de inscripción] para tener el suficiente número de personas y poder elegir al mejor”.
Análisis de InSight Crime
Este año es clave para el futuro del combate a la corrupción y el crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica ya que los tres países elegirán a su nuevo fiscal general, en medio de una serie de escándalos y cuestionamientos que azotan a sus mandatarios y élites políticas.
En el caso de Honduras, el próximo fiscal general tendrá el reto de continuar con el trabajo y las investigaciones que adelantó Óscar Chinchilla. El actual fiscal ayudó a capturar a importantes personajes del crimen organizado como los hermanos Valle Valle y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”.
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Además logró destruir otras redes de apoyo a organizaciones narcotraficantes, como en el caso de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, quien fue acusado de colaborar con el grupo criminal Los Cachiros. Otro caso fue el de la esposa del expresidente, Rosa Elena de Lobo, quien está siendo investigada por la malversación de unos US$600.000 pocos días antes de que la administración de su esposo llegara a su fin.
Sin embargo, la tarea no es sencilla. La presión de las élites en Honduras ha afectado incluso a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un organismo internacional patrocinado en parte por la organización de Estados Americanos (OEA). En febrero, el jefe de la misión, que había apoyado investigaciones contra figuras políticas en casos de corrupción y narcotráfico, renunció a su cargo un mes después de que el congreso aprobara una ley que interfería con sus investigaciones en contra de una red de desfalco conformada por diputados.
El próximo fiscal se tendrá que enfrentar trabas similares, que ponen las élites políticas a la lucha anticorrupción, por lo que es importante que el candidato elegido sea alguien idóneo para el puesto e independiente, que no responda a intereses políticos y del crimen organizado.
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