Las autoridades en Argentina están usando bienes confiscados a organizaciones criminales, incluidos vehículos e inmuebles, como apoyo en la lucha contra la pandemia del coronavirus, un ejemplo que podría replicarse en otros países cortos de presupuesto.
El 4 de abril, el juez federal argentino Santiago Inchausti ordenó la entrega de 26 vehículos de lujo, pertenecientes a una organización narcotraficante, a la oficina del alcalde de General Pueyrredón, cerca de Buenos Aires. También se entregaron ocho vehículos adicionales a la policía federal que opera en la localidad.
Los vehículos se destinarán al transporte de pacientes y otras labores de seguridad en el contexto del aislamiento decretado en el país.
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En otro caso, el 23 de marzo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), anunció la transformación en centro de tratamiento para pacientes con coronavirus de una propiedad de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, a nombre de una organización investigada por lavado de dinero.
El 21 de marzo, la AABE entregó a las autoridades dos hoteles de la provincia de Salta, luego de que fueran confiscados en el marco de una investigación por narcotráfico en la provincia. Las propiedades se usarán para mantener en cuarentena a sospechosos de haber contraído el Covid-19.
Análisis de InSight Crime
La decisión de Argentina de usar activos expropiados a organizaciones narcotraficantes en la lucha contra el coronavirus es un buen ejemplo de cómo pueden usarse de manera creativa los recursos derivados de actividades ilegales en beneficio de la sociedad en general.
El decomiso de bienes ha dado pie a extensos debates en Argentina.
El 22 de enero de 2019, dos años después de que el Congreso rechazara varios proyectos de ley sobre expropiación de activos, el entonces presidente Mauricio Macri creó mediante decreto el Régimen de Extinción de Dominio para el país.
El programa de extinción de dominio permite a las autoridades, mediante la figura de una Fiscalía Especial recién creada, investigar los orígenes de activos a nombre de sospechosos de delitos en un proceso civil que se lleva en paralelo a una investigación penal. Si el propietario de los bienes no puede justificar de dónde obtuvo los recursos para adquirirlos, estos pueden ser decomisados antes de que quede en firme una condena penal.
Esta es una diferencia con los decomisos contemplados en el Código penal de Argentina, que solo pueden aplicarse luego de que la sentencia quede en firme.
Según el decreto, los casos de delitos como narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo y trata de personas están sujetos a la extinción de dominio. Las autoridades pueden considerar crímenes cometidos hasta 20 años atrás.
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El programa se implementó por primera vez en julio de 2019, cuando el Ministerio Público Fiscal de Argentina solicitó la extinción de dominio de casi US$19 millones en bienes de los miembros del clan Loza, una de las organizaciones criminales más sofisticadas del país. La solicitud incluyó 30 inmuebles en todo el territorio argentino y 12 vehículos.
Los críticos han advertido que esas leyes de extinción de dominio corren el riesgo de ser demasiado generales y abiertas a la corrupción, mientras que una mala vigilancia puede convertirlas en instrumento de persecución a opositores políticos.
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