Con la creación de varias bases de datos nuevas, el sistema judicial en Argentina parece resuelto a ofrecer mayor transparencia en casos de crimen organizado y corrupción, como prioridad de la agenda política del actual gobierno.
El 16 de febrero, el presidente de la Corte Suprema de Argentina Ricardo Lorenzetti anunció ante un grupo de jueces federales que la corte, junto con otros organismos judiciales, creará tres bases de datos abiertas sobre casos de crimen organizado, según informa La Nación.
Una base de datos nombrará a todas las personas acusadas de casos de corrupción, la segunda cruzará las acusaciones por narcotráfico en casos abiertos y cerrados, y un registro final se centrará en los feminicidios y la trata de personas. Según Infobae, los registros estarán activos en marzo. Lorenzetti no entregó detalles de cómo podrán acceder los ciudadanos a estas bases de datos, señaló Página 12.
Lorenzetti también puntualizó que aunque las bases de datos contendrán información sobre casos en curso en pro de la transparencia, los usuarios deben respetar siempre “la presunción de inocencia y el debido proceso".
Análisis de InSight Crime
La lucha contra el crimen organizado, y específicamente el narcotráfico, ha cobrado importancia cada vez mayor en la agenda política argentina, y en algunas formas la rama judicial ha liderado la manera de llamar la atención sobre el problema.
Por mucho tiempo el sistema judicial argentino ha criticado la que llama falta de acción gubernamental contra el crimen organizado. En un informe divulgado en 2015, los fiscales argentinos mencionaban su gran preocupación por la proliferación de la actividad de tráfico de drogas en todo el país. A finales de 2015, la Corte Suprema creó una nueva comisión judicial para ayudar a guiar una política nacional antidrogas más efectiva.
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Al anunciar las nuevas medidas de transparencia, el mismo Lorenzetti observó que la mayoría de los casos de droga que terminan en los tribunales argentinos tienen que ver con los consumidores y no con las organizaciones narcotraficantes a gran escala y sus redes corruptas: "esta es una tendencia que hay que cambiar", dijo.
La rama ejecutiva parece seguir la guía de la judicial en la presión por una estrategia más organizada contra el crimen organizado. En enero, el recién elegido presidente Mauricio Macri anunció la implementación de un estado de emergencia de seguridad nacional, que otorgaba poderes especiales a las fuerzas de seguridad, como abrir fuego contra aviones sospechosos de transportar droga.
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