La provincia argentina de Córdoba instituyó una nueva policía antidrogas luego de que se presentara un escándalo de corrupción en el que se vio involucrada la agencia predecesora; este es uno de los indicios más recientes de los retos que enfrenta el país en materia del creciente problema de narcóticos.
La nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba inició sus operaciones el 4 de mayo con 220 agentes especialmente entrenados, informa La Nación. La FPA —que responde a la Fiscalía General de la provincia y realizará operaciones sin el apoyo de la policía local— fue creada luego de que en 2013 surgieran revelaciones de nexos entre la división antinarcóticos de la policía y narcotraficantes.
Por su parte, la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, ha sido testigo de un aumento en la violencia relacionada con las disputas entre dos grupos narcotraficantes rivales, informó La Nación. El más reciente de dichos enfrentamientos se presentó el 29 de abril, cuando tres presuntos miembros del grupo criminal Los Monos fueron atacados por la banda rival Los Bassi; en los últimos dos años, estas disputas han dejado como resultado 15 asesinatos y podrían estar relacionadas con otros 55.
La lucha contra este tipo de grupos narcotraficantes locales se ha complicado debido a una serie de obstáculos, como el hecho de contar con una legislación desactualizada, como lo dejó en evidencia un reciente caso, en el que un juez federal se vio obligado a liberar a dos sospechosos en una investigación de tráfico de drogas sintéticas porque las drogas que presuntamente vendían no estaban incluidas en el listado nacional de estupefacientes. El juez en cuestión afirmó que dicho listado “luce alarmantemente desactualizado”, informó La Nación.
Análisis de InSight Crime
Argentina se ha convertido en un punto cada vez más importante para el tráfico de drogas en la región —como lugar de paso y embarque, sede de operaciones para criminales extranjeros y nación consumidora—, lo cual ha impuesto nuevos retos para las fuerzas seguridad. Entre los más importantes está la corrupción, manifiesta en los nexos entre grupos criminales y funcionarios; una muestra de ello son las acusaciones de actividades criminales que involucran a la policía de Buenos Aires y el presunto papel del exzar antidrogas del país en facilitar la importación de efedrina, una sustancia usada para la fabricación de metanfetaminas.
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Las autoridades argentinas también han encontrado varios obstáculos para enjuiciar a algunos grupos criminales locales. A pesar de su presunta participación en una serie de asesinatos en Rosario, 18 miembros de Los Monos recibieron penas sorprendentemente indulgentes en abril, en parte debido a la incapacidad de los fiscales para recopilar y presentar evidencias. La vulnerabilidad del sistema judicial también quedó demostrada cuando el juez que inicialmente era responsable del caso se retiró en septiembre de 2014, luego de que se hiciera pública una foto en la que aparecía junto a un miembro de Los Monos en una pelea de boxeo.
Así mismo, las autoridades argentinas han tenido problemas para hacer frente al rápido desarrollo del tráfico de drogas sintéticas en Argentina. En medio de nuevas señales de un aumento en la producción de drogas sintéticas, en el país han surgido nuevas drogas que contienen sustancias no reguladas, lo cual dificulta a las autoridades enjuiciar a los grupos dedicados a su producción y distribución.
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