La fiscalía argentina se encuentra adelantando investigaciones por actividades de lavado de dinero de presuntas organizaciones dedicadas a la trata de personas, que al parecer camuflaron millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.
Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), de Argentina, menciona varias investigaciones en curso sobre actividades de lavado de dinero de organizaciones de trata de personas, que se sospecha lavaron casi US$9,3 millones, informó La Nación.
El informe sostiene que los fondos ilícitos, generados principalmente por actividades de tráfico sexual, eran invertidos en casinos, proyectos de construcción y otros negocios, así como para comprar coches de lujo y lingotes de oro.
El fiscal Carlos Gonella le dijo a La Nación que, "como todo crimen organizado, a las bandas de trata de personas hay que atacarles el dinero que obtienen. Es importante la prisión para los responsables, pero ir tras sus riquezas es vital para terminar con el delito”.
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Gonella señaló que estas investigaciones son el fruto de la cooperación entre Procelac y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Entre las redes que están siendo investigadas se encuentra el conocido “Clan Alé”, una presunta organización criminal conocida por su presunto papel en la desaparición, en el año 2002, de Marita Verón, víctima de trata de personas, cuya madre emprendió una lucha contra el tráfico de personas en Argentina, que ha sido reconocida internacionalmente.
Análisis de InSight Crime
Las recientes investigaciones pueden marcar un cambio en las tácticas de las autoridades para modificar la reputación de Argentina como un centro regional de trata de personas. Si bien el número de investigaciones relacionadas con acusaciones de trata de personas ha aumentado en los últimos años, las tasas de condena continúan siendo bajas. Levantar cargos por lavado de dinero contra los sospechosos de estos grupos podría en última instancia ser más eficaz como mecanismo de enjuiciamiento, ya que la protección de los testigos es una tarea difícil para cualquier sistema de justicia que trate de acabar con las redes de comercio sexual.
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Desde 2010, Argentina ha sido clasificada como un país de “nivel dos” (“tier two”), según el Informe Anual sobre Tráfico de Personas elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, un avance con respecto a su anterior clasificación como “nivel dos en lista de vigilancia” (“tier two watch list”). El informe de 2015 señala que “el gobierno de Argentina no cumple a cabalidad con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”.
La Organización Internacional del Trabajo, un organismo especializado de las Naciones Unidas, ha publicado estimaciones que sugieren que el trabajo forzado genera ingresos mundiales anuales por casi US$150 mil millones. Se cree que dos tercios de ese monto estimado están relacionados con la explotación sexual, mientras que la otra tercera parte está relacionada con la explotación laboral.
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