Un organismo intergubernamental contra el crimen financiero ha sacado a Argentina de una "lista gris" de países que no están haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, pero la falta de condenas y las persistentes acusaciones de que allegados al presidente están involucrados en negocios financieros turbios, pone en cuestión esta decisión.
El 24 de octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Argentina de su lista de países que carecen de legislaciones suficientes contra el lavado de dinero. El GAFI identificó por primera vez los problemas en el régimen contra el lavado de dinero de Argentina en 2010.
La portavoz de GAFI, Alexandra Wijmenga-Daniel, dijo a InSight Crime a través de un correo electrónico que el organismo intergubernamental había confirmado que Argentina estaba tomando medidas suficientes en la implementación de reformas contra el lavado de dinero, tras una visita realizada al país este año.
El GAFI señaló en un informe de junio que Argentina había incrementado sus requisitos para el mantenimiento de registros financieros y había aprobado resoluciones, dándole más poder a su unidad de inteligencia financiera, entre otras medidas, que la agencia consideró ser "medidas suficientes" para abordar el problema.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que Argentina ha fortalecido su legislación contra el lavado de dinero, esto todavía no se ha traducido en la conclusión exitosa de muchos casos. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el período de enero a septiembre de 2013 sólo se dieron 20 enjuiciamientos y cero condenas relacionadas con el crimen.
Otro asunto es la investigación en curso sobre socios cercanos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes se encuentran bajo escrutinio debido a transacciones financieras sospechosas. Según un informe del Centro de Evaluación y Estrategia Internacional (IASC, por sus siglas en inglés), un juez en Argentina ha rastreado al menos US$65 millones vinculados a Lázaro Báez, socio financiero de la presidenta, a través de múltiples cuentas y empresas fachada. Las investigaciones del juez revelaron que el dinero -que el informe del IASC dijo que parecía ser parte de "la oscura fortuna personal" de la presidenta- fue trasladado fuera del país en aviones privados y depositado en cuentas en el extranjero, en países conocidos por ser paraísos fiscales.
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Estas acusaciones son particularmente importantes, dado que el gobierno ha establecido controles que buscan prevenir la fuga de capitales.
Estos mismos controles monetarios ajustados han ayudado a alimentar el desarrollo del floreciente mercado negro del cambio del dólar, conocido como el "dólar blue". Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), este mercado negro de divisas ofrece un incentivo para que las empresas laven dinero ya que pueden obtener un beneficio mayor vendiendo dólares en el mercado negro.
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