Argentina está dando nuevos pasos en la consolidación de su relación con Estados Unidos en materia de seguridad, una medida que puede buscar generar respaldo —político y también material— para orientarse a más políticas internas de línea dura para combatir el crimen.
En un viaje a Estados Unidos la semana pasada, la ministra de seguridad de Argentina Patricia Bullrich se reunión con varios altos funcionarios del gobierno estadounidense para tratar temas de seguridad.
En Washington, DC, Bullrich se reunió con el congresista republicano Hal Rogers, presidente del subcomité de apropiaciones de la Cámara Baja para Asuntos Exteriores, cuyo cargo tiene gran influencia en la definición de la financiación en ayuda para seguridad.
Bullrich también sostuvo encuentros con funcionarios influyentes de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration -DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation -FBI), y el Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security -DHS) para tratar el refuerzo de la cooperación policial entre ambos países.
La respuesta de los organismos estadounidenses hacia la apertura argentina fue positiva en términos generales. Luego de las reuniones, Bullrich anunció un plan para crear una fuerza de tarea que vigile la problemática zona fronteriza en el noreste argentino con ayuda de la DEA.
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Bullrich luego voló al Sur de la Florida, donde se reunió con delegados del Comando Sur de Estados Unidos (US Southern Command -SOUTHCOM), cuerpo militar responsable de las operaciones en Latinoamérica y el Caribe, para buscar mayor colaboración en problemas de seguridad.
“Queremos un plan que nos involucre”, declaró la ministra en comentarios recogidos por Clarín.
Según La Nación, el SOUTHCOM accedió a prestar apoyo logístico, asistencia técnica y capacitación a Argentina en sus preparativos para celebrar una importante cumbre económica internacional a finales de este año.
Las reuniones siguieron a la reciente firma de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Argentina para combatir las operaciones de financiación del terrorismo.
Análisis de InSight Crime
La relación en materia de seguridad entre Argentina y Estados Unidos ha estrechado progresivamente desde finales de 2015, cuando asumió su cargo el presidente Mauricio Macri y prometió adoptar medidas más duras contra el crimen, algo que comenzó a hacer poco después de la posesión.
En parte, este cambio tiene que ver con la meta de Macri de aumentar la influencia de Argentina en el ámbito regional. Y en parte, con fallas genuinas en la capacidad de Argentina de enfrentar complejos problemas de seguridad como los que tienen que ver con el crimen organizado.
Sin embargo, esta nueva ronda de acercamientos a Estados Unidos tiene como trasfondo de una presión de representantes del gobierno argentino para dar mayor margen de maniobra a la policía en el uso de fuerza letal en el desarrollo de sus actividades.
A comienzos de este, Macri felicitó personalmente a un agente de policía que mató al disparar por la espalda a un sospechoso que huía luego de un intento de robo violento a un turista estadounidense en la ciudad de Buenos Aires. Bullrich también defendió abiertamente al policía, y propuso un cambio a la legislación para poner impedimentos a la penalización de agentes de policía que usen fuerza letal.
“Nuestra filosofía es que los policías estén en la calle, que persigan a los delincuentes en el marco de las leyes… no los vamos a dejar solos frente a las interpretaciones judiciales que lo que hacen es condenarlos por trabajar”, dijo la ministra de seguridad en comentarios reproducidos por la prensa local.
La propuesta fue recibida con desaprobación por expertos en derechos humanos, quienes señalaron que el respaldo del gobierno al mayor uso de la fuerza podría dar a la policía “carta blanca” para cometer abusos fatales.
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En la administración Macri, Argentina ha dado pasos importantes para afrontar la corrupción en los organismos de seguridad y mejorar la transparencia en temas de seguridad, así como en la ampliación de programas progresistas para frenar el abuso de drogas. Algunas medidas recientes para combatir la corrupción en la rama judicial también han recibido elogios por su impacto positivo potencia en la seguridad.
Pero los llamados a adoptar estrategias más agresivas frente a la delincuencia, como relajar las restricciones al uso de fuerza por parte de la policía, ya antes han causado recaídas en iniciativas que de otro modo serían exitosas para reorientar las políticas de seguridad en Argentina. Con respaldo de Estados Unidos, que sigue respaldando políticas de seguridad de mano dura en gran parte de Latinoamérica, Argentina podría descubrir que es más fácil seguir la vía, más conveniente en términos políticos, de implementar medidas más duras contra el delito, que pueden afectar la promesa de otras políticas de seguridad.
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