El fracaso del gobierno de Argentina para proporcionar información importante para una investigación de lavado de dinero sobre un contratista vinculado al gobierno de ese país parece haber paralizado el procedimiento judicial en la vecina Uruguay, algo que podría estar políticamente motivado.
Lázaro Báez ha sido objeto de investigación en Argentina desde abril, cuando surgieron acusaciones de que él y el fallecido presidente Néstor Kirchner se habían beneficiado ilegalmente de fondos públicos que superaban el costo de las obras públicas que financiaban.
Ambos han sido señalados de lavar dinero a través de empresas fachada y de enviar una parte de ese dinero a Uruguay, Panamá y Suiza.
La investigación también se abrió en Uruguay con respecto al uso del país, ya sea como destino o punto de transbordo para los fondos ilícitos, en un caso que involucra irregularidades en la compra de un rancho en Punta del Este por un contador vinculado a Báez, informó el diario uruguayo El País.
No obstante, el caso ha quedado suspendido, ya que los funcionarios argentinos no han suministrado la información solicitada por Uruguay. El fiscal argentino Guillermo Marijuan afirma que la solicitud nunca llegó. Una investigación ha sido abierta en Argentina para determinar si el Ministerio de Relaciones Exteriores está bloqueando la tramitación de la solicitud.
Además de lavado de dinero, Báez se encuentra bajo investigación por las acusaciones de que extorsionó a un financista para que le vendiera una empresa financiera a través del cual él lavaba dinero. Las autoridades también lo investigan por evasión de impuestos.
Análisis de InSight Crime
La actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha perdido una cantidad significativa de apoyo público desde que explotó el escándalo -conocida como la "Ruta del Dinero K" (ruta del dinero de Kirchner). Ella se ha visto afectada por las acusaciones del exsecretario de su difunto esposo, quien afirmó que bolsas de dinero en efectivo habían sido entregadas a los hogares de los Kirchner y depositadas en las bóvedas. Los medios locales también han citado un video que muestra que ella sale del mausoleo de su esposo con Báez como prueba de la estrecha relación de la familia con el contratista.
Las sospechas de que el gobierno argentino está reteniendo intencionalmente información de los funcionarios uruguayos podrían tener peso, dada la naturaleza altamente politizada y sensacionalista del caso. La presidenta Fernández, en sus pocas declaraciones públicas sobre el escándalo, lo ha rechazado como un ataque político dirigido a reducir su base de apoyo ante las elecciones presidenciales que se avecinan, una afirmación que también puede estar basada en la verdad.
Sin embargo, a medida que los detalles sobre las transacciones sospechosas siguen apareciendo, el caso ciertamente parece tener cierta validez, incluso si está políticamente motivado, y bien puede llegar a ser un ejemplo más de la implicación de las élites en el crimen organizado y la corrupción, una tendencia observada a través de la región.
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