Un alcalde peruano ha sido detenido durante una operación para desmantelar una organización criminal, lo cual proporciona nuevas evidencias sobre los vínculos entre política y crimen en el país.
Una operación llevada a cabo el pasado 6 de abril por la policía nacional de Perú condujo a la captura de Richard Ramos Ávalos, alcalde de Chilca, una ciudad situada en la región de Lima, informó El Comercio.
Ramos es acusado de hacer parte de una organización criminal conocida como "Los Rucos", presuntos responsables de tráfico de tierras, extorsión y asesinatos.
La policía capturó a Ramos en su casa, donde además encontró dinero en efectivo por valor de US$100.000 en moneda estadounidense y peruana. Ramos no logró explicar de dónde había provenido ese dinero.
Otras 35 personas presuntamente vinculadas al grupo criminal, entre ellas un capitán retirado de la policía, también fueron detenidas durante la redada.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, le dijo a Perú 21 que en la operación participaron 690 agentes de policía y 70 miembros de la Fiscalía General del país.
"Esta es una de las operaciones más importantes jamás llevadas a cabo en Lima", le dijo el ministro a la prensa.
En una conferencia de prensa el 7 de abril, Basombrío agregó que la operación contra Los Rucos hace parte de una gran campaña contra la criminalidad en el país.
"Vamos a mostrar cada 15 días grandes operaciones contra el crimen organizado que van a ir deteniendo esta lacra que corroe la vida nacional", dijo el ministro.
Análisis de InSight Crime
A pesar del desmantelamiento de Los Rucos y de la promesas de Basombrío de llevar a cabo más operaciones, Perú todavía tiene un largo camino por recorrer en su lucha por erradicar los vínculos entre la política y el crimen.
El grado de corrupción en el país se puede ejemplificar con el hecho de que tres recientes presidentes han estado implicados en actividades criminales, incluyendo el anterior presidente Alan García, quien fue investigado por supuestamente aceptar dinero de narcotraficantes a cambio de indultos presidenciales.
Pero la detención de Ramos y sus presuntos vínculos con Los Rucos llaman la atención sobre el tema de la corrupción entre los funcionarios locales, y cómo la descentralización del poder político puede incentivar aún más a los grupos criminales para tratar de corromper a los gobiernos locales, o de infiltrarse en ellos.
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La creciente descentralización de la autoridad en Latinoamérica les ha permitido a los funcionarios locales disfrutar de más influencia sobre las políticas de seguridad y los presupuestos. Como resultado, los funcionarios locales se han convertido en atractivos objetivos para los grupos del crimen organizado.
En octubre de 2015, las autoridades de Honduras arrestaron a un alcalde que supuestamente dirigía una organización criminal sospechosa de múltiples asesinatos. En México, el alcalde de Iguala y su esposa fueron detenidos y acusados de llevar a cabo la desaparición y el posible asesinato de 43 estudiantes en septiembre de 2014. Y en Colombia, en octubre de 2015 un candidato a la alcaldía fue elegido para el cargo mientras se encontraba tras las rejas.
Perú no es la excepción de esta tendencia regional. Un informe de 2014 elaborado por la Fiscalía General de la República señala que el 92 por ciento de los alcaldes de Perú estaban siendo investigados por corrupción. Y por lo menos 345 candidatos políticos para las elecciones de octubre de 2014 estaban vinculados a algún crimen, como el narcotráfico o el terrorismo.
En octubre de 2016, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczkynski estableció la Comisión Presidencial de Integridad, una de las cinco medidas de lucha contra la corrupción que su administración se ha comprometido a implementar. La Comisión de Integridad no es el primer órgano de lucha contra la corrupción creado en el Perú. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) fue creada en 2010, con la tarea de eliminar la corrupción.
Sin embargo, queda por verse si los esfuerzos de Kuczkynski compensarán las deficiencias de la CAN y producirán resultados sostenibles en la tarea por erradicar los vínculos entre la política y el crimen en el país.
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