Las autoridades de Guatemala han detenido a un exalcalde y varios funcionarios por cargos de corrupción, un posible augurio de lo que está por venir en el año 2016, en tanto los fiscales dirigen su atención hacia las redes de fraude a nivel municipal.
Edgar Francisco Ruiz Paredes, alcalde de la turística ciudad de Antigua Guatemala hasta la semana pasada, fue detenido el 21 de enero por presuntos cargos de asociación ilícita, extorsión y malversación de fondos, informó Associated Press. Otros diez ciudadanos, entre quienes se encuentran algunos funcionarios locales, también fueron detenidos.
Los fiscales dicen que los sospechosos eran parte de una red de corrupción que concedió contratos a miembros de la familia de otro exalcalde, Adolfo Vivar Marroquín, quien fue arrestado por cargos similares en 2012 y está actualmente en prisión.
El Ministerio Público (como se le conoce a la Procuraduría General en Guatemala) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por las Naciones Unidas, condujeron la investigación sobre la red de corrupción, informó La Hora.
El día antes de las detenciones, el Ministerio Público y la CICIG habían afirmado que sus respectivos equipos de investigación trabajarían juntos en el año 2016 para varias redes de corrupción.
Análisis de InSight Crime
Ruiz podría ser el primero de muchos otros funcionarios locales corruptos que estarían bajo escrutinio judicial en 2016, ahora que el Ministerio Público y la CICIG están centrando su atención en la corrupción municipal, después de un año histórico de campañas contra la impunidad en Guatemala. En 2015, el Ministerio Público y la CICIG trabajaron juntos para desenmascarar varias redes de corrupción que operan a nivel nacional, incluyendo una al interior de la oficina de aduanas, presuntamente dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambas figuras políticas se encuentran actualmente en prisión, en espera de un juicio.
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La atención prestada a la corrupción municipal podría producir grandes resultados, dado que algunos alcaldes en Guatemala —y en toda Latinoamérica— han logrado crear enormes feudos criminales mediante la malversación de fondos públicos o la colusión con grupos narcotraficantes. Dado que tienen poca supervisión de las autoridades nacionales y estatales, estas redes de tipo criminal han operado durante años, a menudo con impunidad, como lo demuestra el caso de Ruiz.
Sin embargo, ir tras la corrupción municipal presenta sus propios retos para Guatemala, que tiene 338 municipios. Aunque no todos están a cargo de alcaldes corruptos, no está claro cuántos recursos pueden destinar el Ministerio Público y la CICIG para investigar a los políticos locales, a la vez que continúan con los progresos hechos el año pasado a nivel nacional.
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