El arresto de un alcalde en Honduras por cargos de homicidio múltiple llama la atención al mayor problema en la región que supone la corrupción entre funcionarios locales, fomentada por el incremento en el poder de estos gobiernos municipales.
José Adalid González, alcalde de Sulaco, municipio en el norte-centro de Honduras, fue detenido el 22 de octubre por ser cabecilla de una organización criminal llamada "Los Banegas", según informes de El Heraldo.
"Los Banegas" son sospechosos de innumerables crímenes, incluyendo homicidios múltiples entre 2010 y 2013, robo de tierras y ganado y el asalto a vehículos de transporte. La Prensa dice que las autoridades hondureñas han comenzado a exhumar los cuerpos de sus víctimas para recabar evidencia contra el grupo.
El alcalde mismo está acusado de las muertes de Secundino Orellana Romero y Medardo Anselmo Romero Ramos, según los informes de noticias. Orellano Romero fue asesinado en junio de 2013 en un intercambio de disparos con el alcalde y sus hombres, señalan las investigaciones. Los testigos alegan que el alcalde tenía una Mini-Uzi, mientras que sus guardaespaldas estaban armados con pistolas. Romeo Ramos fue asesinado meses después frente a docenas de testigos, presuntamente por órdenes del alcalde.
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Más de 200 agentes de policía arrestaron al alcalde luego de meses de investigación. Otros siete miembros del grupo criminal fueron aprehendidos hace tres meses.
González es el segundo alcalde del departamento de Yoro en la región norte-centro de Honduras que es enviado a la cárcel por presunta actividad criminal. Arnaldo Urbina Soto, también del Partido Nacional, fue capturado en julio de 2014 por liderar una banda dedicada al narcotráfico y el asesinato, entre otros crímenes.
Análisis de InSight Crime
Latinoamérica tiene un número cada vez mayor de funcionarios locales deshonestos, que participan —o incluso lideran— organizaciones criminales.
Detrás de esto hay un cambio importante en la distribución nacional del poder. La creciente descentralización de la autoridad en estos países ha cedido más control a los gobernantes locales sobre el presupuesto y las fuerzas de orden público, lo cual ha puesto las alcaldías en la mira de los grupos ilegales: los alcaldes son objetivo de grupos ilegales y se los coopta para que secunden las actividades criminales, o hay criminales que se postulan a las alcaldías y llegan a ocupar el cargo por elección popular.
Esta tendencia quedó expuesta de manera más cruda quizás al saberse que el alcalde de Iguala, México, y su esposa eran los testaferros de Guerreros Unidos —grupo local acusado de ser responsable de la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes en septiembre de 2014.
En Colombia, el entrecruzamiento de crimen y gobiernos locales se vio recién el domingo 25 de octubre en el irónico caso de un candidato que resultó elegido alcalde estando en la cárcel.
Pero el resultado del codiciado valor de este cargo local no es tan solo la criminalización de los funcionarios públicos. También acarrea más ataques violentos a los alcaldes electos. Tan sólo este mes se ha visto a un alcalde hondureño torturado y asesinado, al igual que homicidios de alcaldes en Perú, Guatemala y Brasil.
Aun cuando Colombia comenzó la descentralización de su gobierno en la década de 1980, en Honduras este proceso comenzó en la década de 1990 y sigue recibiendo más impulso, lo que no puede hacer más que reforzar la importancia de ser alcalde.
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