El arresto de una influyente magistrada de la Corte Suprema perteneciente a la élite del país indica que se enciende la lucha por el control de las cortes en Guatemala, con un organismo contra la impunidad de aval internacional enfilando su artillería contra el pilar más fuerte del estado mafioso de Guatemala que sigue en pie: la judicatura.
La magistrada de la Corte Suprema Blanca Aída Stalling Dávila fue detenida el 8 de febrero por las autoridades guatemaltecas tras ser despojada de su inmunidad por voto parlamentario, anunció en dos comunicados distintos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con aval de la ONU.
Las revelaciones de que Stalling había presionado al juez que llevaba el caso de su hijo se dieron a conocer en enero de 2017 en la forma de audios. El juez huyó del país y las grabaciones motivaron la apertura de una investigación en el Ministerio Público y la CICIG.
El arresto promete agitar aún más la Corte Suprema, que no ha logrado elegir un presidente después de diez rondas de votación, según Prensa Libre.
La corte ha sido el escenario de intensas luchas de poder entre grupos de intereses rivales que han llevado al organismo a un punto muerto. En los últimos acontecimientos, en octubre de 2016 la elección como presidenta de Silvia Patricia Valdés Quezada fue declarada irregular por la Corte Constitucional y suspendida en enero de 2017.
Análisis de InSight Crime
El caso de Stalling es emblemático de cómo las poderosas élites de Guatemala explotan su cargo y crean redes influyentes para su beneficio personal. La rama judicial —gracias a su capacidad para mantener la impunidad generalizada— está en el centro de este sistema que la CICIG y el Ministerio Público intentan desarticular. Y en medio de esta lucha de poder, la Corte Suprema parece ser un campo de batalla central para grupos de interés rivales.
Como lo informó Plaza Pública, Stalling y su círculo íntimo están implicados en varios escándalos de corrupción. El nombre de la magistrada ya había aparecido antes en grabaciones relacionadas con el esquema del "Bufete de la Impunidad", en el que los abogados se confabularon con funcionarios judiciales corruptos para obtener favores ilegales para sus clientes.
Más aún, Stalling parece hacer parte de una influyente red conformada por varias influyentes figuras del ejército y el gobierno, incluyendo el derrocado expresidente Otto Pérez Molina, actualmente en prisión. En agosto de 2015, Stalling había bloqueado el voto de la Corte Suprema para levantar la inmunidad presidencial a Molina.
Como lo informó InSight Crime, esta influyente red de miembros de la élite, llamados los "oficialistas", ha tratado de tomar control de la Corte Suprema desde su creación. Estos esfuerzos no han cesado, pues el presidente de la Corte Suprema suspendido recientemente Valdés Quezada es también una "oficialista", según informó Prensa Libre.
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Además de ser un ámbito esencial para grupos de interés rivales, la Corte Suprema —y, más generalmente, la rama judicial de Guatemala en su conjunto— parece ahora el objetivo principal de la CICIG y el Ministerio Público.
Las dos últimas entidades han enfrentado con éxito la corrupción en varias instituciones poderosas, incluyendo el Ministerio del Interior, el Instituto de Seguridad Social e incluso el palacio presidencial. Pero esos esfuerzos serán triviales y su esfuerzo efímero, mientras el sistema judicial de Guatemala sea poco más que un instrumento para garantizar la impunidad de las élites, permitiéndoles imponer o mantener ilegalmente su control sobre el estado y la economía del país.
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