El secretario de Seguridad de Medellín, Colombia, fue capturado hace unos días por presunta confabulación con la que ha sido por mucho tiempo la mafia criminal más poderosa de la ciudad, un episodio que pone de relieve cómo el crimen organizado conserva una influencia política importante en la ciudad, pese a la drástica reducción de la violencia en las dos últimas décadas.
El secretario de Seguridad de Medellín Gustavo Villegas Restrepo se entregó a las autoridades el 4 de julio, luego de enterarse de que la policía había ido a detenerlo a su oficina, según un boletín de prensa del alcalde de la ciudad.
A Villegas, a quien se le formuló el cargo de concierto para delinquir agravado, se lo acusa de conspirar con el grupo criminal de la Oficina de Envigado para ayudar a algunos de sus miembros a negociar con las autoridades judiciales, informó El Colombiano.
Las autoridades dicen que Villegas entregó información privilegiada a dos cabecillas de la organización criminal en prisión: Julio Perdomo, alias "El Viejo", y Edinson Rodolfo Rojas, alias "Pichi Gordo". Las autoridades dicen tener pruebas de que los delincuentes presos ayudaron a Villegas a conseguir el arresto de un miembro de la Oficina por lo menos en una ocasión, informó El Tiempo.
Además, aunque Villegas no recibió dinero, su distribuidora de alimentos fue eximida del pago de extorsiones, como compensación por ayudar al grupo a entrar en negociaciones con las autoridades en relación con su aspiración de lograr la condición de "gestores de paz", en el marco de un decreto presidencial de julio de 2016, que brinda protección legal provisional a personas que cooperen con las autoridades en la construcción de paz.
La medida se diseñó para los combatientes de los principales grupos insurgentes de Colombia —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)—, ambos en negociaciones de paz con el gobierno. Pero algunos miembros del hampa de Medellín se entregaron en 2016 con el ánimo de ser cobijados por la misma medida. Y antes, en marzo de 2016, hubo informes de que varios miembros de la Oficina de Envigado buscaban la concesión de los privilegios ofrecidos a los gestores de paz, lo cual incluye la suspensión de órdenes de detención y de captura.
Villegas enfrentó en el pasado denuncias por nexos con los grupos paramilitares desmovilizados de Colombia, pero no fue condenado. Ahora, ha negado formalmente las acusaciones más recientes en la corte, y declaró a El Colombiano que se siente tranquilo con sus actuaciones para propiciar la entrega de seis miembros de La Terraza, temible facción de la Oficina de Envigado, célebre por sus asesinatos por encargo.
Análisis de InSight Crime
En muchas ocasiones Medellín ha recibido elogios de variadas fuentes por su éxito en la drástica reducción de la criminalidad desde la década de 1990, cuando era mundialmente reconocida como el epicentro del negocio global de la cocaína. Pero la detención de Villegas es una muestra de que Medellín no ha erradicado por completo la influencia del crimen organizado en las instituciones de gobierno de la ciudad.
Si se da crédito a las acusaciones contra Villegas, estas no parecen indicar un caso común de corrupción movida por la avaricia, pues presuntamente no hubo intercambio de dinero. Sin embargo, sí muestran cómo los pactos —tanto en el ámbito político como en la clandestinidad— han contribuido a reducir la violencia en Medellín.
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En 2013, por ejemplo, la mafia de cuello blanco de la ciudad se dio cuenta de que sus ganancias criminales se estaban viendo afectadas por la violencia generada por las luchas de poder en el mundo criminal. Como lo registró InSight Crime en su momento, este grupo de élites de la ciudad, con vínculos profundos en la delincuencia, negociaron una tregua entre facciones rivales de la Oficina y con el grupo criminal de Los Urabeños. La paz se restableció, los homicidios cayeron y el negocio volvió a funcionar como de costumbre.
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