Treinta y dos figuras públicas, incluyendo políticos antiguos y actuales, han sido arrestadas en la región del Urabá, al noroeste de Colombia, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares; un caso que destaca el continuo espectro de los vínculos entre políticos y criminales.
Según la Fiscalía General de Colombia, la lista de los arrestados por presuntos vínculos con las ahora difuntas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incluye al actual alcalde de la población de Turbo, excandidatos al Senado, excandidatos a la Asamblea Departamental de Antioquia, exconcejales, y líderes políticos, cívicos y servidores públicos de la región del Urabá.
La Fiscalía General informó que los arrestados habían mantenido vínculos con el bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Esa facción era liderada por el ahora encarcelado Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, quien durante su tiempo como paramilitar buscó promover los lazos políticos del grupo en varios departamentos al noroeste de Colombia, muchos de los cuales están ubicados en la región de Urabá.
La Fiscalía General dijo a InSight Crime que los arrestos fueron el producto de las investigaciones realizadas a las confesiones de los líderes desmovilizados de las AUC, presentadas como parte del llamado proceso de Justicia y Paz entre el gobierno y las AUC a mediados de la primera década del sXXI.
Análisis de InSight Crime
Los casos muestran que a pesar de años de arrestos, enjuiciamientos y condenas, los vínculos entre políticos y paramilitares aún persisten en Colombia.
Desde que las AUC completaron formalmente el proceso de desmovilización en 2006, las revelaciones relacionadas con su infiltración en las estructuras políticas y en las fuerzas armadas del país –conocidas popularmente como los escándalos de la “parapolítica”- han llevado tanto al arresto de importantes comandantes militares y miembros de la familia del expresidente Álvaro Uribe, como a investigaciones contra varios políticos antiguos y actuales. El Congreso de la República se vio particularmente afectado: más de 30 congresistas elegidos en 2006 han sido arrestados por los presuntos lazos que tenían con los paramilitares para 2008.
Sin embargo, como muestra este caso, los políticos vinculados a las AUC todavía controlan importantes cargos públicos locales. Este mismo problema se presentó durante las elecciones de marzo de este año, cuando 69 candidatos con presuntos vínculos directos o indirectos con grupos ilegales –incluyendo a los paramilitares y a sus grupos sucesores, conocidos como BACRIM (acrónimo para bandas criminales)- fueron elegidos para el Congreso de la República.
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Urabá, donde trabajan los funcionarios arrestados, es uno de los peores casos. Esto en parte se debe a que la región sirve como un punto clave para el transbordo de drogas, debido a su ubicación cerca de la frontera con Panamá y a su acceso a las costas del Caribe y el Pacífico; una posición privilegiada que las AUC utilizaron para convertirse en grandes proveedores internacionales de cocaína.
En los años noventa y durante la primera década del siglo XXI, Urabá estuvo en gran medida bajo el control de los grupos paramilitares, quienes también patrocinaban políticos, algunos de los cuales eran escogidos personalmente por algunos comandantes de las AUC. Actualmente la región es el bastión del grupo criminal los Urabeños, quienes tiene sus raíces en las AUC.
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