A la larga lista de escándalos de corrupción en Guatemala se suma el desmantelamiento de una presunta red de corrupción en la Policía Nacional Civil, una entidad que supuestamente iba a mejorar su eficacia y su capacidad para combatir el crimen y la inseguridad.
En una conferencia de prensa celebrada el 24 de junio entre funcionarios de la Fiscalía General de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se anunció que 12 funcionarios, la mayoría de ellos de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron arrestados en más de 30 redadas conjuntas.
Entre los detenidos se encuentra Héctor Florentino Rodríguez Heredia, exdirector de la Subdirección General de Apoyo y Logística (SGAL) de la PNC y presunto jefe de la red de corrupción.
Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, en la conferencia de prensa
Los funcionarios son acusados de robar unos US$7 millones del presupuesto de la PNC entre 2012 y 2014. El dinero estaba destinado a gastos de mantenimiento de equipos, compra de suministros y renovaciones de las estaciones de policía (vea la presentación en la que se detallan las actividades del grupo).
La red de corrupción presuntamente firmó contratos para trabajos de reparación y mantenimiento con varias empresas que existían sólo en el papel. Los agentes de policía llevaban a cabo los trabajos como tal, y los funcionarios de la PNC se quedaban con el dinero emitido para pagar estas mejoras. Además, utilizaban una empresa fachada en Panamá, denominada Proyectos Soul West, S.A., para lavar el dinero sucio.
Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, hablando en la conferencia de prensa
Los cargos que se han levantado contra los detenidos son: fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, extorsión, lavado de dinero y malversación de fondos.
Análisis de InSight Crime
Este es el tercer gran escándalo de corrupción que estalla en Guatemala en los últimos meses. Se presenta después de las revelaciones de redes de fraude en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) —que condujo a la dimisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti en mayo de este año— y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Estos escándalos han puesto a la administración del presidente Otto Pérez Molina bajo creciente presión y crítica pública. Incluso algunos de sus críticos han pedido su dimisión.
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Este nuevo escándalo en la PNC involucra a una institución que no es ajena a las acusaciones de corrupción y comportamiento ilegal. Policías guatemaltecos han sido arrestados por dirigir redes de secuestro y por su participación es esquemas de robo de droga.
Además, en otras oportunidades se han adelantado investigaciones sobre compras de armas y uniformes, pues el Ministerio del Interior de Guatemala (que supervisa la PNC) hace muchas compras a mediante contratos sin licitación —muchos de los cuales son otorgados a empresas de propiedad de exoficiales del ejército—.
El Ministerio, bajo su exdirector Mauricio López Bonilla, intentó mejorar el pobre desempeño de la policía guatemalteca, invirtiendo en la entidad y realizando purgas con el fin de destituir a oficiales corruptos.
Sin embargo, este último escándalo pone a López Bonilla en la lupa, dado que ocurrió bajo su supervisión. López Bonilla, quien renunció en mayo en medio de los otros escándalos de corrupción, ha dicho que no teme que sea finalmente incluido en la investigación.
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