Asamblea de El Salvador declara permanentes las medidas carcelarias “extraordinarias”

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un proyecto de ley que declara permanente el endurecimiento, inicialmente provisional, de las medidas de seguridad en las prisiones, con lo que reafirma una política que ha enfrentado críticas por considerarse ineficaz y lesiva para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El 16 de agosto, la Asamblea aprobó la iniciativa, que faculta al Ministerio de Justicia y Seguridad a adoptar “todas las medidas necesarias e indispensables” para suprimir las telecomunicaciones que entran y salen de centros de detención, y otorga amplias facultades a los directores de prisiones para suspender los privilegios de visita por periodos hasta de 30 días, según un comunicado oficial del Congreso.

El proyecto de ley también formaliza un régimen especial de medidas de privación de la libertad para presos condenados por narcotráfico, crimen organizado, homicidio, violación, secuestro, extorsión y otros delitos específicos. Quienes estén cumpliendo sentencias por esos delitos solo tendrán derecho a visitas vigiladas en las que el contacto físico con los visitantes estará prohibido y la comunicación limitada a “medios tecnológicos”.

En abril de 2016, el Congreso aprobó por primera vez las llamadas medidas “extraordinarias”. En ese momento, se suponía que el endurecimiento de las medidas del régimen de seguridad debían aplicarse por un año, pero la legislatura ha votado en repetidas ocasiones para extenderlas.

El nuevo proyecto de ley aún necesita la firma del presidente Salvador Sánchez Cerén para ser sancionada como ley, pero el consenso es que lo firmará.

Análisis de InSight Crime

La aprobación del proyecto de ley es una señal de que los legisladores no cambian su opinión por las críticas hacia las medidas extraordinarias, que seguramente seguirán contando con el apoyo del partido de gobierno, debido a la conveniencia política que plantean ese tipo de leyes severas contra el delito.

Las encuestas muestran de manera consistente que una gran mayoría de ciudadanos salvadoreños opinan que esas medidas extraordinarias han fracasado en su propósito de reducir la delincuencia. Una encuesta realizada en abril y mayo mostró que tres cuartas partes de los encuestados creían que dichas medidas han hecho poco o nada para poner fin a las actividades de las pandillas. La misma encuesta mostró que el 70 por ciento de los encuestados creía que el crimen ha empeorado en el mandato de Sánchez Cerén.

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Pero en lugar de reconocer alguna falla en el aspecto de la seguridad, el gobierno de Sánchez Cerén ha alardeado sobre las medidas extraordinarias y otras iniciativas de seguridad, y les ha dado el crédito de la reducción de homicidios. Esto parece tener relación con la popularidad de las respuestas de mano dura contra las poderosas pandillas del país. De hecho, algunos ciudadanos incluso cooperan con escuadrones de la muerte que atacan a pandilleros.

La relatora especial de las Naciones Unidas en el tema de ejecuciones extrajudiciales Agnes Callamard citó esa dinámica en una entrevista sostenida a comienzos de este año con InSight Crime en la que calificó de “inhumanas” las medidas extraordinarias y solicitó al gobierno un replanteamiento de su estrategia de seguridad.

“Las medidas [extraordinarias] son una política que atenta contra los derechos humanos, y al decretarlas permanentes”, observó el profesor de la Florida International University Miguel Cruz, “el gobierno institucionalizará una política de abusos contra los derechos humanos que no contribuirá a solucionar el problema de las pandillas”.

Además, funcionarios de gobierno y expertos independiente han advertido que volver permanentes las medidas extraordinarias podría provocar una retaliación de las pandillas.

“El gobierno se está comprometiendo con la estrategia de mano dura y deja pocas posibilidades y oportunidades a la rehabilitación y reinserción de las pandillas”, agregó Cruz. “A su vez, [las pandillas] pueden pensar que el único camino a seguir es arreciar su ataque [a] las instituciones del estado y consolidar su impulso para organizarse mejor”.

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