El primer jefe paramilitar que salió de prisión bajo el programa de justicia transicional de Colombia fue asesinado, lo cual puede ser un presagio de que habrá más violencia a medida que una nueva generación de organizaciones criminales reaccione a la liberación de antiguos jefes criminales.
El 6 de junio, dos presuntos miembros de un grupo criminal no identificado asesinaron a José de Jesús Pérez Jiménez, alias “Sancocho”, en Medellín, informó la agencia española de noticias EFE.
Pérez era comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una coalición de derecha de grupos paramilitares que finalizó su proceso de desmovilización en 2006. Pérez fue puesto en libertad en julio de 2014, luego de cumplir ocho años de condena en el marco de la Ley de Justicia y Paz de Colombia, la cual ofreció sentencias reducidas a jefes paramilitares a cambio de su desmovilización y de que ofrecieran información sobre el conflicto armado.
Según El Colombiano, la Policía afirmó que las investigaciones preliminares en el caso indican que Pérez fue asesinado como retaliación por los crímenes que cometió como miembro de las AUC. El Colombiano también informó que las autoridades han vinculado a Pérez con más de 200 crímenes, lo que incluye su participación en la masacre de 26 indígenas en el departamento del Cauca en 2001.
Además de Pérez, otros dos individuos fueron asesinados durante el ataque, informó Caracol Radio.
Análisis de InSight Crime
La perspectiva de la liberación de exlíderes de las AUC podría generar una sensación de amenaza entre sus sucesores —las organizaciones neoparamilitares conocidas como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”)— ya que los antiguos líderes de los paramilitares tienen el potencial de modificar el estado actual del hampa colombiano.
En gran parte de Colombia, el hampa está pasando por un periodo de relativa calma, con poca competencia entre las diferentes Bacrim y relaciones bien establecidas entre narcotraficantes y grupos guerrilleros. Pero si los exparamilitares puestos en libertad bajo la Ley de Justicia y Paz deciden usar su experiencia y contactos para intentar reorganizarse, podrían provocar una nueva ola de violencia y rivalidades.
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Otra de las grandes preocupaciones de las Bacrim es el actual proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un acuerdo de paz afectaría enormemente el estado actual del hampa en Colombia, dada la potencial participación en actividades criminales por parte de algunos frentes de las FARC en un escenario de posconflicto.
Sin embargo, por el momento las Bacrim probablemente se están beneficiando de la atención que las fuerzas de seguridad le han puesto a combatir a las FARC desde que la guerrilla terminó oficialmente el cese al fuego unilateral a finales de mayo. Desde entonces, las FARC han lanzado ataques contra el sector energético en varios departamentos, como Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, y una vez más se han convertido en una prioridad de seguridad para el Estado.
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