Representantes del sistema judicial en Perú han demandado mayor protección de las autoridades luego de la muerte de un fiscal, una señal de que las amenazas e intimidaciones de los grupos criminales está ejerciendo un efecto negativo en el sistema de justicia peruano.
El fiscal superior del distrito fiscal de San Martín, Fermín Alberto Caro Rodríguez, fue abaleado por dos individuos el 26 de noviembre cuando estacionaba su auto en su garaje, según información de La República. La policía, que investiga el homicidio, no ha establecido las identidades de los culpables, pero la sospecha generalizada es que la ejecución tuvo que ver con uno de los casos que llevaba Caro Rodríguez.
Tras la muerte del fiscal, la Junta de Fiscales Supremos exigió en un comunicado de prensa al "Ministerio del Interior la mejora de los mecanismos de protección y seguridad para nuestros fiscales", informó La República.
Esas demandas fueron repetidas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que declaró en que comunicado que el organismo "manifiesta su preocupación por la seguridad de los fiscales y jueces que tienen a su cargo casos relacionados con […] narcotráfico, sicariato y la criminalidad organizada".
Los funcionarios de la legislatura ponen "en riesgo sus vidas y las de sus familias, por lo que demandamos a las autoridades competentes realicen acciones inmediatas para garantizar su protección adecuada", prosiguió la declaración.
Una semana antes, el 19 de noviembre, otra persona murió bajo los disparos recibidos frente a su casa, informó El Comercio. Joseph Wilder Paredes Cortez, de dieciocho años, fue testigo en un caso que se adelanta contra un agente de policía. Este último había arrestado al joven por supuesta posesión de drogas, y le había pedido 10.000 soles peruanos —unos US$2.900— para liberar al joven, lo que motivó una denuncia por extorsión de la familia de Paredes Cortez ante el fiscal anticorrupción del distrito Wils Gonzales Morales.
El 5 de octubre el fiscal había solicitado protección a testigos para Paredes Cortez, quien debía rendir testimonio en el juzgado contra el agente de policía acusado de corrupción. Pero las autoridades nunca concedieron esa medida, alegando falta de recursos, y de personal, para garantizar la seguridad del testigo.
"Existía [en la policía] el cuestionamiento de por qué se le brinda protección personal a una persona que podría estar implicada en la comisión de otros delitos", explicó Wils Gonzales Morales. El testigo asesinado ya había sido acusado de robo, atraco y tráfico de estupefacientes.
Análisis de InSight Crime
Los temores por su seguridad de los empleados judiciales son un penoso recordatorio de una tendencia regional en la que las amenazas recurrentes a jueces, fiscales y testigos es un obstáculo para la eficiencia del sistema de justicia y agravan la impunidad.
Como lo explicó InSight Crime recientemente, los riesgos asociados con su trabajo han llegado a niveles tales que los jueces mexicanos son incapaces por lo general de tomar decisiones imparciales en casos relacionados con el crimen organizado. Y esto ha tenido un impacto concreto y visible en el normal funcionamiento del sistema judicial, por lo que la impunidad alcanza el 99 por ciento, según un estudio de 2016.
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Ni la inseguridad ni los índices de impunidad en Perú son extremos como los de México, pero el país enfrenta desde hace varios años importantes problemas de corrupción en su sistema judicial; el más reciente tuvo que ver con la liberación sospechosa de varias docenas de sospechosos de pandillerismo por orden de un juez. La incapacidad de los funcionarios judiciales para realizar su trabajo con seguridad puede empeorar aún más la corrupción que aqueja a la institución, y proporciona un pobre incentivo para que jueces y fiscales emitan juicios imparciales contra los delincuentes.
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