El asesinato del comandante de una unidad de Defensa Rural en México ha reavivado el debate sobre la legalización de las fuerzas de autodefensas, destacando la falta de protección y recursos otorgados a quienes se han desmovilizado para unirse a las unidades oficiales.
El 16 de octubre, Felipe Díaz Ávila, comandante de una unidad de Defensa Rural en Coalcomán, Michoacán, fue emboscado y asesinado por un presunto sicario, informó El Universal. Murió dos días después en un hospital de la ciudad de Morelia, como resultado de las heridas de bala.
El procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, señaló que cuatro personas, que actualmente se encuentran bajo custodia policial, planearon el asesinato en represalia por las acciones de la unidad de Díaz que afectaban sus actividades, las cuales las autoridades consideran ilícitas, informó El Occidental. Los cuatro detenidos presuntamente contrataron a otro individuo identificado como Jorge Lizardo para que llevara a cabo el asesinato por un pago de unos US$15.000 y una grúa de arrastre.
En las semanas previas a su muerte, Díaz fue noticia cuando dijo a los medios locales que su unidad estaba en mejores condiciones como grupo de autodefensas -a partir de los cuales fueron creados los cuerpos de Fuerza Rural Estatal. También señaló que si bien las fuerzas de autodefensas habían sido capaces de lanzar operaciones sorpresa en las montañas, las unidades de Defensa Rural tenían que conseguir la autorización del gobierno. Díaz agregó que las autoridades los habían abandonado, dejándolos con un mínimo de recursos, y que sólo aparecían para las sesiones de fotos.
Análisis de InSight Crime
El asesinato de Díaz -y sus declaraciones sobre la falta de apoyo del gobierno- se suman a las afirmaciones de que las autoridades no han logrado dotar ni entrenar adecuadamente a los cuerpos de Defensa Rural. Otros líderes de autodefensas, entre ellos José Manuel Mireles, quien fue arrestado en junio, han acusado al gobierno de no defender su parte del acuerdo alcanzado en enero sobre la legalización de las autodefensas.
El gobierno lanzó oficialmente los cuerpos de Fuerza Rural Estatal en mayo como una manera de legitimar a las autodefensas que surgieron con el supuesto propósito de combatir a los grupos criminales. Sin embargo, tras unirse a las unidades estatales, miles de autodefensas han optado por dimitir del proceso, han sido excluídos de participar en él o han vuelto a las filas de los grupos de autodefensas no oficiales. Si el gobierno no proporciona a las unidades los recursos necesarios, los incidentes como el asesinato de Díaz no harán más que aumentar la oposición a participar en las cuerpos avalados por el Estado.
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No apoyar al movimiento de autodefensas también podría tener un costo político. Tras el arresto de Mireles se presentaron protestas y marchas de solidaridad, y una encuesta de mayo mostró que el 70 por ciento de los mexicanos tenía una imagen positiva de las autodefensas. Según Borderland Beat, a raíz de la muerte de Díaz, los residentes del estado de Michoacán utilizaron las redes sociales para criticar a las autoridades por su falta de apoyo, refiriéndose al comisionado de seguridad del estado, Alfredo Castillo, como "el mayor criminal de Michoacán".
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