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Asesinato de periodista arroja luz sobre los nexos entre la política y el crimen en Colombia

COLOMBIA / 13 AGO 2014 POR JAMES BARGENT ES

Un periodista ha sido asesinado en el norte de Colombia tras acusar al personal de la alcaldía local de conspirar para matarlo; un recordatorio de los lazos permanentes entre la política y el crimen organizado, y del peligro que enfrentan aquellos que tratan de exponerlos.

Luis Carlos Cervantes Solano, director de la emisora de radio Morena F.M, fue asesinado a tiros en una calle en Tarazá, un municipio en el departamento de Antioquia, al norte de Colombia.

Su asesinato se produce tan sólo dos semanas después de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia retirara el esquema de seguridad de Cervantes, días después de que él presentara un informe denunciando nuevas amenazas en su contra, informó El Colombiano. La UNP es un organismo gubernamental creado para ofrecer protección a aquellos que enfrentan altos riesgos debido a su trabajo.

La primera vez que Cervantes recibió amenazas fue en 2010, cuando cubría la región cocalera del Bajo Cauca para la estación de televisión Teleantioquia. Su error fue cuestionar extraños movimientos en la alcaldía de Tarazá tras la remoción del alcalde Miguel Ángel Gómez García, quien fue acusado de connivencia con los paramilitares (vea el video abajo).

Gómez García fue posteriormente absuelto de los cargos, pese a que el testimonio del jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy", indicaba que el alcalde era un acérrimo aliado local. El político ha seguido ejerciendo influencia política en el municipio desde su destitución, según informes de la región.

Mientras continuaban las amenazas, Cervantes dijo que un miembro destacado del grupo narcoparamilitar los Urabeños le había dicho que funcionarios de la alcaldía le habían pedido al grupo amenazar al periodista.

Para Cervantes no había duda sobre quién estaba detrás de la campaña. "A mí me quieren matar unos funcionarios de la Alcaldía", dijo a Verdad Abierta en 2011.

Ante las persistentes amenazas de muerte, las autoridades le proporcionaron a Cervantes dos guardaespaldas y un escolta de la policía.

La UNP ha defendido su decisión de haberle retirado el personal de seguridad en julio de este año, pese a que las amenazas continuaban. Después del asesinato de Cervantes, la unidad emitió un comunicado diciendo que su evaluación de seguridad había llegado a la conclusión de que las amenazas no estaban relacionadas con su trabajo como periodista, informó El Tiempo.

Análisis de InSight Crime

En la narrativa ampliamente aceptada sobre la disminución de la violencia en Colombia, el desmantelamiento de los carteles, y la desmovilización de los paramilitares, la situación en las regiones olvidadas como el Bajo Cauca a menudo se deja a un lado con el fin de no socavar la imagen de Colombia como una nación transformada.

Sin embargo, muchas de estas regiones siguen siendo tan fuertemente controladas por el nexo entre el crimen organizado y las instituciones estatales corruptas como lo fueron en los días más negros de Colombia. En gran parte del país, los caudillos corruptos siguen dominando el panorama político, y el gobierno local sigue siendo un vehículo para el enriquecimiento personal.

Los vínculos entre políticos y grupos armados pueden no ser tan claros como en la época del auge paramilitar, cuando la llamada alianza "parapolítica" trató de controlar gran parte del país. Sin embargo, los políticos locales aún cuentan con el apoyo de grupos como los Urabeños, que siempre están dispuestos a aceptar contratos para eliminar a periodistas y otros a agitadores.

Despojada de la fachada política de la campaña de contrainsurgencia de los paramilitares contra la guerrilla, estas alianzas se muestran como lo que realmente son -impulsadas por la codicia y el poder- y excesivamente dispuestas a recurrir a la violencia para proteger su posición.

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