El asesinato de un agente de policía que denunció la corrupción en la institución en Argentina parece ser el más reciente de una serie de encubrimientos fatales orquestados por funcionarios corruptos, y pone de presente la vieja colusión de la policía con el crimen organizado.
El 17 de julio, el cuerpo del policía Pablo Cejas fue encontrado en la capital de la provincia de Santa Fe con 20 heridas de balas de diferentes calibres, informó Clarín. El agente había llamado la atención de los medios de comunicación en 2015, después de un atentado contra su vida y de las acusaciones contra sus colegas por colusión con los criminales.
"Yo nunca voy a 'transar' con el narcotráfico y por eso me balearon", declaró Cejas en ese entonces, según Infobae.
Cejas también dijo que a los agentes se les ordenaba no llevar a cabo operaciones contra algunos presuntos criminales.
"Hay kioscos que la policía no puede allanar. Tenemos órdenes de no meternos con los narcos", había dicho.
Desde entonces, Cejas había recibido más amenazas de muerte y su familia había sufrido varios ataques. Él se encontraba bajo un programa de protección que implicaba que se reportara periódicamente, pero no tenía vigilancia constante.
Las autoridades provinciales han desestimado la idea de que la muerte de Cejas estuvo relacionada con sus denuncias. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que ésta no era la hipótesis más fuerte, y otro funcionario señaló que quizá el asesinato estuvo motivado por asuntos personales, según El Litoral.
Por su parte, el fiscal Jorge Nessier dijo que aún no se han establecido vínculos entre las acusaciones de Cejas y su asesinato, aunque su muerte no parece estar relacionada con un robo, dado que sus pertenencias no le fueron robadas, según otro artículo de El Litoral.
Análisis de InSight Crime
El relato de un testigo que escuchó a Cejas implorar por su vida, así como el número de heridas de bala, permiten suponer que se trató de una ejecución, aunque durante esta primera etapa de la investigación el motivo del asesinato permanece sin confirmar. Aun así, dadas las circunstancias, Cejas es probablemente víctima de la policía, en su intento por encubrir pistas criminales. Y a juzgar por la historia de deficientes y débiles investigaciones en Argentina en relación con incidentes similares, que a veces son presentados como suicidios, su asesinato podría quedar impune.
Las fuerzas de seguridad de Argentina tienen una larga historia de colusión con los criminales. Las denuncias de Cejas recuerdan otros relatos acerca de policías que "liberan" zonas, es decir, que despejan temporalmente un área para que los criminales ingresen. Como señaló ProPublica, dicho término se originó en la era de la violenta dictadura militar en el país en las décadas de 1970 y 1980, durante la cual los agentes confabulados con los criminales despejaban áreas para que los escuadrones de la muerte llevaran a cabo las ejecuciones.
Esta historia, junto con el hecho de que el exdirector de la policía de la provincia de Santa Fe fue condenado a seis años de prisión en octubre de 2015 por cooperar con los narcotraficantes, da peso a las acusaciones de Cejas.
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El caso de Cejas no es un incidente aislado. En 2013, por ejemplo, el director de la policía federal antinarcóticos sufrió un fallido atentado contra su vida. La primera teoría del funcionario fue que el atentado fue ordenado por policías corruptos que estaban descontentos con su trabajo.
Desafortunadamente, rara vez se resuelven los presuntos intentos de encubrir la colusión criminal de los funcionarios. Un ejemplo simbólico de esto último es la muerte, en enero de 2015, de Alberto Nisman, el fiscal que se encontraba investigando un posible encubrimiento del gobierno relacionado con el sangriento atentado de 1994 contra un centro cultural judío en Buenos Aires. Dos años más tarde, el caso de Nisman —en el que un testigo clave fue asesinado en un supuesto robo durante el cual no se robó nada— aún no ha sido declarado un homicidio, a pesar de la abrumadora evidencia y de los análisis de las autoridades policiales y judiciales, que coinciden entre sí.