El asesinato de un político de la oposición en Venezuela llama la atención sobre la dificultad para distinguir entre violencia criminal e intimidación electoral en el polarizado clima político del país.
Luis Manuel Díaz, líder del partido de la oposición Acción Democrática (AD) en Altagracia de Orituco, fue asesinado a tiros el 25 de noviembre en un mitin de campaña en esa ciudad. Su asesinato se produce sólo unas semanas antes de las reñidas elecciones parlamentarias que se realizarán el 6 de diciembre.
Varias figuras importantes de la oposición han culpado al gobierno del presidente Nicolás Maduro del asesinato de Díaz. La esposa de Leopoldo López, líder de la oposición actualmente encarcelado, Lilian Tintori, quien se encontraba en la misma tarima con Díaz cuando recibió los tiros mortales, acusó al gobierno de “terrorismo de Estado” contra los opositores políticos. El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, quien también estaba presente en el evento, culpa del ataque a las “bandas armadas”, conformadas por partidarios del gobierno.
Diversos actores internacionales también se han pronunciado sobre el suceso. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó el asesinato de Díaz e hizo un llamado al “desarme de todos los grupos de civiles armados, en particular de aquellos que dependen del gobierno o del partido en el poder”. El Departamento de Estado de Estados Unidos también denunció el asesinato de Díaz, y el portavoz John Kirby se refirió a éste como “el más nefasto de los ataques y actos de intimidación dirigidos recientemente a los candidatos de la oposición”.
Sin embargo, Jorge Rodríguez, jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), actualmente en el poder, indicó que Díaz había sido investigado por homicidio y vínculos con el crimen organizado, y el presidente Maduro señaló que su muerte fue el resultado de un “ajuste de cuentas” entre criminales rivales. Maduro también dijo que los ministerios de Justicia e Interior habían comenzado a investigar el crimen.
Análisis de InSight Crime
Aunque los hechos en torno al caso siguen siendo poco probatorios, el asesinato de Díaz muestra cuán fácilmente se puede manipular la violencia para obtener beneficios políticos en Venezuela. Simpatizantes y dirigentes de la oposición han sostenido que el incidente es una evidencia de intimidación electoral por parte de un gobierno asediado, mientras que Maduro y el PSUV parecen decididos a mostrar que el asesinato fue un crimen sin ninguna conexión política.
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Este acontecimiento es sólo un ejemplo de la complicada intersección entre crimen y política en Venezuela. El presidente Maduro ha advertido en varias ocasiones que una “plaga paramilitar colombiana” está conspirando con fuerzas de la oposición para desestabilizar su gobierno. Al mismo tiempo, su administración ha sido acusada de estar armando y financiando “colectivos” militantes izquierdistas que han sido acusados de participar en la violencia política, así como en actividades criminales.
Díaz pudo haber sido asesinado por razones políticas, o quizá su asesinato estuvo relacionado con sus supuestos vínculos criminales. Las dos posibilidades no son mutuamente excluyentes. De cualquier manera, este último suceso exacerbará las ya álgidas tensiones en vísperas de las importantes elecciones este 6 de diciembre.
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